Los centros especiales de empleo (CEE) de Castilla y León incrementaron la contratación de personas con discapacidad entre los años 2011 y 2013, a pesar de la crisis, según se desprende del estudio ‘Centros Especiales de Empleo de Castilla y León’, presentado el 6 de febrero por Fundación ONCE en Valladolid. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo dentro del Programa Por Talento, ha sido realizado por KPMG en el marco del protocolo de colaboración que firmaron en 2013 la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, la Fundación ONCE, FSC Inserta, la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) y la Asociación autonómica de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (FEACEM-Castilla y León), con el objetivo de impulsar la sostenibilidad y consolidación de estos centros en esa Comunidad.

El 31% de los 169 centros especiales de empleo analizados en el estudio ha conseguido crear nuevos puestos de trabajo; mientras que un 33% de ellos aumentaron el porcentaje de empleados con contrato indefinido. Se trata de un muestreo muy omnicomprensivo, pues en Castilla y León hay un total de 188 CEE que dan trabajo a más de 4.000 personas y generan un desembolso anual en salarios a personas con discapacidad de más de 48 millones de euros. Por cada euro que reciben los CEE en ayudas de la Administración Pública, retornan así 1,7 euros.

El estudio de Fundación ONCE analiza tres aspectos del desarrollo socioeconómico de estos centros: la posición financiera, la posición competitiva y el impacto social. Para ello utiliza indicadores que evalúan su rendimiento empresarial y su contribución a la sociedad, aspecto este último en el que destacan por encima de todos los demás agentes productivos. En cuanto a resultados globales en materia financiera, los ámbitos donde los CEE muestran un mejor desempeño son la liquidez y el reducido nivel de endeudamiento, mientras que la rentabilidad es su principal asignatura pendiente. Cabe destacar que el 47% de los CEE cuyo desempeño social y financiero ha sido identificado como sobresaliente agrupa un 76% del empleo de las personas con discapacidad en el sector.

El estudio concluye que los centros especiales de empleo de Castilla y León generan un enorme impacto social. El ratio medio de personas con discapacidad empleadas por ellos se sitúa por encima del 70% exigible para poder ser considerado CEE. Además, el 63% tiene a más del 60% de sus empleados con discapacidad con contrato indefinido.

Cuatro sectores absorben la mayoría del empleo de personas con discapacidad en estos centros: industria manufacturera, comercio al por mayor y al por menor, actividades administrativas y servicios auxiliares. Los que obtienen resultados ligeramente por encima de la media son el manufacturero y de actividades de suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos, así como los de actividades sanitarias y de servicios sociales.

Mucho por hacer

No obstante, hay actualmente más de 10.000 personas con discapacidad demandantes de empleo en esa Comunidad Autónoma, lo que evidencia la necesidad de afrontarlo mediante un cambio de mentalidad, que ya se detecta, respecto a la productividad e inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mercado general de empleo.

Entre las recomendaciones que propone el estudio para los CEE destaca su progresiva profesionalización, mediante un sistema de acreditaciones que contemple el buen gobierno, el desarrollo personal y la calidad. Además, el impulso de nuevas alianzas para intensificar nuevas oportunidades y avanzar en I+D, así como identificar fórmulas de financiación para acometer su transformación tecnológica. El informe aboga también por que los CEE alcancen un enfoque más comercial y refuercen su orientación al cliente y al mercado, e incorporen tecnología para mejorar las competencias y el empleo.

Por último, se propone a estos centros integrar como ventaja competitiva los principios de transparencia; reducir la brecha salarial entre personas con y sin discapacidad; evolucionar hacia sectores de actividad con mayor valor añadido; e identificar mecanismos que aseguren el retorno de los beneficios al propio centro. En esta misma línea, por lo que respecta al apoyo público, apuesta por la creación de un sistema de ayudas más orientado a la competitividad, la empleabilidad y la innovación.