“El objetivo es que cada vez más universitarios con discapacidad participen en los programas de movilidad transnacional”, señaló Isabel Martínez Lozano, comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales de Fundación ONCE, en la presentación -el 19 de febrero en Madrid- de una nueva guía que, elaborada por la propia Fundación aborda, por primera vez, los problemas específicos de este colectivo de universitarios españoles para moverse con un mínimo de libertad por los espacios académicos internacionales.

Según se puso de manifiesto, este grave problema se evidencia en las escasísimas convocatorias con alguna disposición que lo contemple. Así, sólo el 0,1% de los universitarios con discapacidad matriculados en las universidades españolas accede a un programa de movilidad: “son 21 alumnos de los más de 200.000 que participan en el programa Erasmus”, lamentó Martínez Lozano.

Para afrontar esta realidad, el documento plantea, entre otras propuestas, medidas de acción positiva en las convocatorias de becas (reserva de plazas para el alumnado con discapacidad o una mayor puntuación en su adjudicación); y aumentar la cuantía de las ayudas para este colectivo, dadas sus especiales circunstancias y necesidades que implican sobrecostes por la utilización de recursos complementarios, en los programas de Grado, Posgrado, Prácticas, Investigación, Cursos y Lectorados.

También se solicita el fomento y promoción, por parte de las universidades, del acceso de sus estudiantes y titulados con discapacidad a estos programas de movilidad, mediante la debida información y orientación, con la implicación de tutores, orientadores, etc.

La presentación del informe, que tuvo lugar en la sede de la agencia Servimedia del grupo ILUNION, contó con la participación de Juan Antonio Moriano, director de la Unidad de Discapacidad de la UNED (Unidis) y representante de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (Runae) de la Conferencia de Rectores; Dorothy Kelly, presidenta del grupo de trabajo de movilidad de la Comisión de Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas (Cicue); Pilar Villarino, directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); y la propia Isabel Martínez.

Moriano consideró el informe una herramienta muy útil para conocer en qué momento nos encontramos, y los datos -dijo- “reflejan que estamos en el fondo y que tenernos que ir a más: mayor financiación pero también mayor concienciación de la sociedad, los profesores y los propios estudiantes. Hay que dejar atrás el proteccionismo y salir de la zona de confort”. Villarino, por su parte, insistió en la necesidad de concienciar a los propios estudiantes con discapacidad por la oportunidad que la experiencia transnacional les abre para acceder a un empleo de calidad y mejorar su autonomía, al tiempo que para contribuir a visibilizar la discapacidad y “mostrar las buenas prácticas que se realizan en España en materia de inclusión de la discapacidad”.

Red Europea de Universidades Inclusivas

El informe reclama la creación de una Red Europea de Universidades Inclusivas promovida por la Comisión Europea, que exige conocer el grado de accesibilidad y servicios ofertados por cada Universidad para los estudiantes con discapacidad. También la elaboración de un mapa de buenas prácticas y programas exitosos en la atención a estos colectivos de estudiantes en las distintas universidades europeas, en cuanto a prácticas, empleo, orientación, etc.

La responsable de la Comisión de Internacionalización de las Universidades, Dorothy Kelly, destacó la oportunidad de crear esta nueva Red Europea, que permitiría -señaló- reunir toda la información y que las universidades se conozcan, facilitando la movilidad e incorporación internacional de universitarios con discapacidad, favoreciendo que se compartan las mejores prácticas, experiencias y problemas. Por todo ello, se comprometió a hacer llegar esta petición a la Comisión. “Hay que insistir en ello porque es una prioridad también para la Unión Europea”, concluyó.