Los miembros de la Red Europea de Educación Inclusiva y Discapacidad, incluD-ed, iniciativa liderada por la Fundación ONCE con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, reclamó -el pasado 9 de junio en París- la adopción y mejora de medidas que garanticen la educación inclusiva, durante la que ha sido su última reunión de socios fundadores, antes de concluir su actividad en diciembre próximo. La Association des Paralysés de France (APF) acogió el encuentro, en el que participó Fundación ONCE junto a otros fundadores de esta Red, como las entidades Kynnys (Finlandia) y Rytmus (República Checa), junto a otras organizaciones de Austria, Irlanda, Islandia, Reino Unido y Rumanía.

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso se ha comprometido a reformar la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (de 2003), en el sentido de dirigir los ingresos del Estado como consecuencia de saldos y depósitos “abandonados” en bancos y establecimientos financieros a ayudas educativas para las personas con discapacidad, a través del Real Patronato sobre Discapacidad. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha congratulado de esta iniciativa por la que él mismo había apostado y que permitirá destinar nuevos recursos económicos a dicha tarea, pues hasta ahora estos saldos de las llamadas “cuentas durmientes” (inactivas por un periodo superior a los 20 años), pasaban al Tesoro Público sin una concreta afectación de gasto.