Las personas con discapacidad están sufriendo en Europa un multiplicado impacto de la crisis. Se han congelado, o incluso retrocedido, los apoyos y servicios de las distintas Administraciones y también su nivel de renta, asomándose ya al abismo de la pobreza un 21 por 100 del colectivo. El resultado es un directo deterioro de sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos, reconocidos por la Convención de la ONU y que afectan a ámbitos esenciales de su existencia: el empleo, la autonomía personal, la educación, la atención primaria o la asistencia social. Fundación ONCE ha puesto sobre el tapete (y colgado en su web) esta agresión que analiza el informe “Impacto de las medidas de austeridad en las personas con discapacidad en la Unión Europea y en España”, elaborado por el Consorcio Europeo por los Derechos Humanos y la Discapacidad.

El informe sitúa a nuestro país entre los que más han incrementado ese riesgo de pobreza, alcanzando a un 25 por 100 de los españoles con discapacidad. Por ello, el CERMI ha convocado para mayo un Congreso reivindicativo bajo el título “De los derechos a los hechos”, dedicado a la implementación real de la Convención de la ONU y a los objetivos sociales de la Estrategia a 2020 de la UE.