El 65% de las personas mayores y con discapacidad aseguran tener mucha o alguna dificultad para entender la factura de la luz, según se desprende del ‘Estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico’. Una encuesta desarrollada estos últimos meses por la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP), en colaboración con Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y cuyos resultados fueron presentados formalmente en Madrid este 13 de diciembre.

De acuerdo con este estudio -en el que han participado 419 personas mayores o con discapacidad que respondieron a una encuesta online-, el 46% de ellos llega a considerar incluso que su contrato de electricidad está “escrito en otro idioma”.

Así lo pusieron de manifiesto en la presentación de conclusiones -en la sede de la agencia Servimedia- el director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, Miguel Angel Cabra de Luna; Luis Alonso, gerente de CERMI; Luis Miguel Bascones, consultor de ILUNION TyA; Francisca Tricio, vicepresidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP); y  Carmen Redondo, responsable de Consumo de Hispacoop y consejera del Consejo Consultivo de Electricidad (CNMC).

El informe estructuró seis grupos de discusión diseñados para profundizar en aspectos cualitativos sobre estas cuestiones, como parte del proyecto ‘Los consumidores vulnerables en el sector eléctrico’, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad /Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Respecto a la escala de dificultad reconocida por los encuestados para interpretar su recibo eléctrico, encontramos que es “mucha” para el 29% de las personas mayores o con discapacidad; elevándose al 36% los que manifiestan solo “alguna dificultad”.

En consecuencia, es evidente la dificultad que afronta esta muestra de consumidores para entender su factura de la luz, para comparar ofertas o para acceder a la información precontractual que ofrecen los distintos comercializadores en el mercado eléctrico español. Inaccesibilidad que se agrava cuando la información se proporciona a través de las webs de dichas compañías.

Desde esta perspectiva, las personas mayores o con discapacidad experimentan con mayor intensidad y gravedad los problemas que padece el conjunto de la sociedad en su relación con las compañías energéticas y con el funcionamiento del mercado eléctrico.

Ambos colectivos perciben que el precio de la luz es muy alto, independientemente del consumo que hagan en cada caso, pero sobre todo en hogares con niveles de renta baja y en los que se sufren cargas extras como puede ser el caso de las personas con discapacidad. Tanto es así que el 14% de las personas mayores asegura tener mucha dificultad para hacer frente a los pagos de la factura de la luz, una cifra que se eleva hasta el 33% en el caso de los consumidores con discapacidad.

A ello se une su general desconocimiento de los instrumentos normativos de que disponen -y más con los recientes cambios normativos- para la solicitud de protección y ayudas en este terreno. De modo que el 33% reconoce desconocer qué es el ‘bono social’ y el 28% no sabe cómo funciona o si podrían ser hipotéticos beneficiarios. Casi la mitad de los consumidores con discapacidad encuestados manifestaron de hecho que han tenido mucha o alguna dificultad para acceder a la información sobre el bono social.

Finalmente, la mitad de estos colectivos vulnerables encuestados denuncian haber sufrido abusos constantes y frecuentes engaños de las compañías energéticas mediante prácticas comerciales de venta a domicilio, por el conocido “puerta a puerta”, o de las llamadas telefónicas imprevistas... Sin embargo, aseguran, reclamar resulta difícil, y especialmente para las personas con discapacidad.