El presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, acaba de explicar que la accesibilidad universal “no es una cuestión de solidaridad, sino de libertad”, y a reconocer en consecuencia que la Cámara que preside “debe ser un ejemplo de accesibilidad e inclusión”. Coincide y refuerza así el argumento del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), cuyo manifiesto con motivo del Día Internacional que conmemora los derechos de este colectivo cada 3 de diciembre considera la accesibilidad como un “bien social básico que ha de ser promovido, amparado y protegido por los poderes públicos, y  respetado y desplegado por todos los operadores, agentes y particulares de la vida en comunidad”... Bellas palabras que se unen a las múltiples declaraciones de intenciones que por doquier despliegan su voluntarismo, pero que -bien lo sabemos- derivan escasos resultados si no van de la mano de una reglamentación que exija el cumplimiento de la correspondiente normativa y que sancione su vulneración.

Es el caso de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, de 2013, que estableció el horizonte temporal del 4 de diciembre de 2017 para que todos los productos, bienes, entornos y servicios fueran accesibles, con arreglo a las condiciones básicas de no discriminación y accesibilidad universal. Y, para alcanzarlo, ordenaba al Ejecutivo aprobar este desarrollo reglamentario de la Ley en el plazo de dos años, que expiró en diciembre de 2015 y continúa sin ver la luz... Como consecuencia de todo ello, el propio movimiento español de la discapacidad (a través de su fundamental plataforma representativa, el CERMI) ha decidido plantear un recurso ante el Supremo para que condene al Estado a cumplir con la legalidad. A establecer medidas concretas, reglamentariamente reguladas, para combatir las barreras de todo tipo que salpican la vida cotidiana de millones de personas con discapacidad, pero que dificultan también las de muchos otros segmentos de la sociedad: niños, personas mayores o con problemas de movilidad temporal, etc.

El propio Antonio Tajani expresaba en esta línea su reconocimiento a la ONCE, por su capacidad para, por ejemplo, “hacer posible -dijo- lo que parecía imposible”, en relación con el voto accesible. Y es que, a menudo, se trata simplemente y llanamente de dar cuerpo e insuflar vida a las bellas palabras. Cumplir la ley.