El presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, acaba de explicar que la accesibilidad universal “no es una cuestión de solidaridad, sino de libertad”, y a reconocer en consecuencia que la Cámara que preside “debe ser un ejemplo de accesibilidad e inclusión”. Coincide y refuerza así el argumento del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), cuyo manifiesto con motivo del Día Internacional que conmemora los derechos de este colectivo cada 3 de diciembre considera la accesibilidad como un “bien social básico que ha de ser promovido, amparado y protegido por los poderes públicos, y  respetado y desplegado por todos los operadores, agentes y particulares de la vida en comunidad”... Bellas palabras que se unen a las múltiples declaraciones de intenciones que por doquier despliegan su voluntarismo, pero que -bien lo sabemos- derivan escasos resultados si no van de la mano de una reglamentación que exija el cumplimiento de la correspondiente normativa y que sancione su vulneración.