Su ‘IV Parlamento', reunido en Bruselas con participación de 60 representantes españoles, rechaza toda limitación a este derecho para miembros de su colectivo

El Hemiciclo de la Eurocámara acogió el pasado  6 de diciembre el ‘IV Parlamento Europeo de las Personas con Discapacidad’ (EPPD), un encuentro que sirvió para  fomentar el diálogo sobre derechos entre más de 600 delegados de organizaciones de personas con discapacidad de todos los Estados miembro de la UE con las instituciones comunitarias y los propios eurodiputados y eurodiputadas. El EPPD se desarrolló en el marco de la celebración del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que cada año se celebra el 3 de diciembre, y sirvió de broche de oro del 20º aniversario del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés), que se ha conmemorado este año, coincidiendo además con el 20 aniversario del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de España (CERMI). El derecho al voto por parte todos los ciudadanos europeos con discapacidad ha sido la principal demanda emanada de este Parlamento, de cara a que en las próximas elecciones europeas en 2019 ni una sola persona con discapacidad se quede sin ejercer este derecho legítimo, como cualquier otro ciudadano. Para Ana Peláez, vicepresidenta del EDF se trata, por tanto, "de una cuestión urgente". (0,41 MB)

Se trata, según la vicepresidenta española del EDF, de un derecho que tras 10 años de vida de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapcidad (CDPD) sigue cuestionándose de manera reiterada (0,63 MB); un derecho que tiene que ver no sólo con el ejercicio legítimo de sufragio de todos los ciudadanos con discapacidad, sino también con las herramientas necesarias "que cada estado debe implementar para que estos ciudadanos puedan ejercerlo con garantías"  asegura (0,55 MB). En definitiva, se trata, en su opinión (0,24 MB), "no sólo de legislar adecuadamente sino de que las personas con discapacidad dispongan de los recursos adecuados para ejercitar ese derecho fundamental".

Así, ataviados con una bufanda con la leyenda “Right to vote for all” (Derecho al voto para todos), una amplia delegación del CERMI, formada por 60 personas, y encabezada por su secretario general (y vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE), Alberto Durán, acudió a Bruselas para tomar parte en el histórico encuentro, que ya tiene antecedentes, ya que el EPPD se había celebrado tres veces hasta la fecha (en 1993, 2003 y 2012). El primero se organizó bajo la iniciativa de la Comisión Europea dentro del ámbito del Programa HELIOS antes de la creación del Foro Europeo de la Discapacidad; el segundo marcó el final del Año Europeo de la Discapacidad y coincidió con las negociaciones para la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU; y el tercero tuvo lugar mientras se implementaba dicho tratado internacional, justo en uno de los momentos más duros de la crisis económica.

Para Alberto Durán (0,40 MB) este cuarto EPPD ha sido un evento que ha dado mucha visibilidad a las personas con discapacidad de toda Europa, y sobre todo a las demandas y derechos que "en pleno siglo XXI aún siguen sin disfrutar millones de personas con discapacidad en Europa", manifestaba (0,28 MB) . 

Sobre la situación española del derecho al voto, Alberto Durán anunció en Bruselas que en España ya se está tramitando  (0,28 MB) en el Parlamento  y agradeció (0,44 MB) al actual presidente de Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, la mención expresa que en el acto inaugural hizó de la labor de lucha que está realizando la ONCE y su Fundación en este asunto en nuestro país, pidiendo que el ejemplo cundiera en otros países de la Unión Europea.

“Una cuestión de libertad”

Emulando el sistema habitual de las sesiones plenarias del Parlamento Europeo (PE), el encuentro fue inaugurado por Tajani y el presidente del EDF, Yannis Vardakastanis. Sus intervenciones dieron paso a la conferencia marco y mesa de debate “¡Queremos votar! Hacia unas elecciones europeas accesibles 2019 y una participación plena en la vida política y pública para las personas con discapacidad”, que estuvo copresidida por Ádám Kósa, copresidente del Intergrupo de Discapacidad del Parlamento Europeo, Marek Plura, vicepresidente del Intergrupo de Discapacidad del Parlamento Europeo, y Maureen Piggot, miembro del Comité Ejecutivo del EDF, con participación también del vicepresidente de la Eurocámara y responsable de los temas relacionados con la igualdad de género y la diversidad, Dimitrios Papadimoulis, entre otros oradores miembros del Parlamento Europeo y delegados del movimiento europeo de la discapacidad. 

El presidente Tajani apoyó ante el plenario el derecho al voto de las personas con discapacidad y las necesarias condiciones de accesibilidad universal para ejercerlo en igualdad de condiciones: “no se trata -dijo- de una cuestión de solidaridad, sino de libertad, por lo que esta Cámara debe ser un ejemplo de accesibilidad e inclusión. En 2019 todas las personas deben poder votar libremente”. Tajani quiso además poner en valor un programa impulsado en España, que cuenta con la participación de la ONCE, gracias al cual las personas ciegas pueden ejercer autónomamente este derecho.

En esta misma línea, la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thissen, declaró que “hay que crear una Europa que respete la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Además, resaltó la importancia de adoptar las decisiones que afectan a las personas con discapacidad trabajando junto al tejido asociativo, apuntándose a la máxima del movimiento de la discapacidad: “nada por ustedes sin ustedes”, reconoció la mandataria europea.

Por su parte, el presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, Yannis Vardakastanis, aprovechó su intervención para preguntarse “¿Somos realmente ciudadanos las personas con discapacidad? Si no votamos, desde luego que no seremos ciudadanos de pleno derecho”, afirmó. Asimismo, hizo un llamamiento para construir una Europa más social, avanzando en las inversiones que sean precisas.

Tras este debate, la representación de la discapacidad europea aprobó por unanimidad un manifiesto (0,61 MB) con propuestas de cara a las próximas Elecciones Europeas de 2019. En dicho documento, el derecho de sufragio tiene una importancia fundamental, pues se exige “una Europa en la que los procesos electorales sean plenamente accesibles y donde las personas con discapacidad tengan derecho a participar plenamente en la vida política y pública”. Para ello, el EDF reclama devolver el derecho al voto a todas las personas con discapacidad que no lo tienen reconocido por una sentencia de incapacitación, así como que se garantice la accesibilidad de los procesos electorales (material electoral, centros de votación, etc).

Estrategia y Año Europeo

Tras este primer debate plenario, se aprobó una Resolución sobre la Estrategia Europea de Discapacidad 2020-2030  (0,35 MB)que reclama que dicha estrategia ampare todas las disposiciones de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con un presupuesto asignado a su implementación y un mecanismo de supervisión adecuadamente dotado de recursos. La resolución insta a las instituciones europeas a que se tengan en cuenta las observaciones del Comité de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación con el cumplimiento de la Convención y que involucre a todas las instituciones y al conjunto de la sociedad.

El texto aboga también por  avanzar en materia de accesibilidad universal; la mejora de la formación de los profesionales de la UE en materia de discapacidad; la promoción de la autonomía personal; reforzar la legislación para luchar contra la discriminación por razón de discapacidad, y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU, que contiene procedimientos para fortalecer la protección de los derechos de la ciudadanía con discapacidad.

También se analizó el posicionamiento de la UE en el mundo, con vocación de liderazgo en políticas de defensa de los derechos de las personas con discapacidad dentro los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Una sesión que estuvo copresidida por Olga Sehnalova, copresidenta del Intergrupo de Discapacidad del Parlamento Europeo, y Nadia Hadad, miembro del  Comité Ejecutivo del EDF.

Entre sus oradores figuraron el comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, y la vicepresidenta del EDF y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez. “Es crucial que la  UE implemente los ODS y cumpla con el compromiso de no dejar a nadie atrás. No se debe olvidar a ninguna persona con discapacidad, incluidas las personas en situaciones más vulnerables, como las mujeres, los niños y los refugiados con discapacidades ", afirmó la representante española.

Y como principal resolución en este apartado se aprobó declarar el ejercicio 2021 como Año Europeo de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un mayor diálogo con las organizaciones de la discapacidad por parte de las instituciones comunitarias; salvaguardar el presupuesto de la política de cohesión en el marco financiero multianual; la aplicación por completo del Pilar Europeo de Derechos Sociales; y atender en todas las políticas de discapacidad las necesidades específicas de las mujeres y niñas son otras de las más relevantes reivindicaciones del manifiesto.

Actividad de la delegación española

Durante la jornada del día 5, la representación del movimiento de la discapacidad en España mantuvo un encuentro con las eurodiputadas de nuestro país Izaskun Bilbao e Inés Ayala. La delegación española, además de  Alberto Durán y Ana Peláez, estuvo conformada por Bárbara Martín, responsable de la Oficina Técnica de Asuntos Europeos (OTAE) de la ONCE y vicepresidenta de la Unión Mundial de Ciegos (EBU), Javier Güemes, director técnico de Relaciones Internacionales de la ONCE, Javier Domínguez, presidente del Consejo Territorial (CT) de nuestra Organización en País Vasco y secretario general de la Coordinadora Vasca de Representantes de Personas con Discapacidad (EDEKA); Teresa Lajarín, presidenta del CT de la ONCE en Murcia y secretaria general del CERMI-Región de Murcia; Carmen Soler, presidenta del CT de Baleares y también secretaria general del CERMI Illes Balears y usuaria de perro-guía, además de Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE y comisionada de los CERMIs Autonómicos, y de Marina Martín, en representación del colectivo de personas sordociegas y presidenta de la Comisión de la Mujer de la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España  (FASOCIDE). También e invitadado por el CERMI dentro de la delegación española en el Parlamento acudió el presidente de la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC), Volmir Raimondi, para quien el Parlamento ha sido la constatación de que las personas con discapacidad de todo el mundo están luchando por los mismos derechos "porque las necesidades en este ámbito de los derechos humanos son las mismas", aseguraba (0,43 MB).

Asimismo, asistieron a la sesión pública ‘No más esterilizaciones forzosas de las mujeres y niñas con discapacidad’, auspiciada por la Comisión de la Mujer del EDF, en la que Peláez presentó el último informe, elaborado conjuntamente entre la FCM y el EDF, en que se defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad y  en el que manifiestan su oposición a la esterilización forzosa y los abortos coercitivos, que constituyen actos de violencia a los que se encuentran particularmente expuestas estas mujeres. Precisamente, esta es una de las grandes luchas que mantiene la Fundación CERMI Mujeres para acabar con la discriminación interseccional que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, a quienes no solamente se las despoja de sus derechos sexuales y reproductivos, sino también civiles.

En este contexto, el EDF aprobó la declaración ‘No más esterilizaciones’, un documento que recoge el caso de Leilani Muir-O’Malley, una mujer con discapacidad que con apenas 11 años fue esterilizada sin su consentimiento por razón de discapacidad en Canadá.Treinta años después denunció al Gobierno de Alberta, alegando esterilización ilegal y reclamando reparaciones para poner fin a lo que el juez de su caso tachó de sistema de esterilización “ilegal, ofensivo e indignante”. Gracias a este caso, se demostró que aproximadamente 3 000 personas de la misma región canadiense habían sido sometidas a esterilización entre los años 1928 y 1972, bajo el amparo de una ley que pretendía prevenir la procreación de “retrasados mentales”.

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Convenio de Estambul prohíben expresamente la práctica de esterilizaciones forzosas a personas con discapacidad, pues las mujeres y niñas con discapacidad tienen tres veces más posibilidades de ser sometidas a la esterilización que la población en general. “Estas mujeres y niñas tienen derechos sexuales y gozan del derecho a formar una familia. Tenemos que poner fin a toda forma de violencia contra ellas. Tenemos que desarrollar nuestra propia identidad y darnos cuenta de que se trata de nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestros derechos”, concluye dicha declaración.

"Somos ciudadanos de la UE"

El encuentro de la delegación española con las eurodiputadas y la sesión pública sobre esterilizaciones forzosas presentada por Ana Peláez, se celebraron en el marco de dos importantes eventos previos al EPPD, que bajo el lema “Somos ciudadanos de la UE” celebró la  Comisión Europea junto al EDF con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En este evento, celebrado el 4 y 5 de diciembre, políticos y expertos de alto nivel debatieron los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad. Cuestiones como ¿las personas con discapacidad están mejor informadas de sus derechos? o ¿cómo pueden mejorar su condición como ciudadanos de pleno derecho? se intentaron afrontar a través de dos paneles en los que se abordaron el derecho a la participación política y la accesibilidad a los entornos, ciudades y servicios.

En este contexto se analizaron, en un primer panel, las iniciativas europeas para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad. El Pilar Social, el Balance de Vida Laboral, el seguro de salud, las pensiones por discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron  los temas abordados.

El segundo panel se centró en la participación política, y de ahí el derecho al votar y a ser elegido. El objetivo era identificar los desafíos a los que se enfrentan las personas con discapacidad con respecto a los derechos a la participación política y encontrar soluciones para una igualdad con respecto a este derecho fundamental de los ciudadanos. Posteriormente, en una segunda jornada, la del día 5 de diciembre, el encuentro se centró en cómo las ciudades de la UE podrían ser más accesibles de forma sostenible y en lo que se necesita para permitir una mejor inclusión para todos a nivel local. En este contexto, se celebró un panel interactivo con ciudades de toda Europa junto con políticos del nivel nacional y de la UE.

Finalmente, se cerró el evento con la entrega del Premio Ciudades Europeas Accesibles 2017, que cada año concede la Comisión Europea. La española Ana Peláez, junto a la comisaria Marianne Thyssen, hicieron entrega de estos galardones, y anunciaron a las ciudades ganadoras del Premio 2018. 

“Cerrando la brecha”

Por último, el 5 de diciembre se lanzó el denominado programa “Bridging the Gap: políticas y servicios inclusivos para la igualdad de derechos de las personas con discapacidad”, un programa de cooperación que impulsa la Comisión Europea con agencias de desarrollo de España, Austria, Italia y Finlandia.

El acto contó con la participación del comisario Neven Mimica, y reunió a expertos, responsables políticos y actores de la sociedad civil para debatir sobre la contribución de la Unión Europea y, concretamente de Bridging the Gap, para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en la cooperación para el desarrollo.​

“Bridging the Gap” (‘Cerrando la brecha’) tiene el objetivo de fortalecer una cooperación accesible e inclusiva para las personas con discapacidades, a partir de dos niveles. Por un lado, a nivel global, ya que  el proyecto busca desarrollar herramientas para facilitar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a partir de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro, en cada país, el proyecto se centra en fortalecer asimismo capacidades de gobiernos nacionales, instituciones de derechos humanos y organizaciones de personas con discapacidad en países de renta media y baja, implementando políticas inclusivas y servicios para la participación de personas con discapacidad.

Mercedes Leal