‘Violencia de género y discapacidad’ fue el título de la Jornada, celebrada el 24 de mayo en Santander, destinada a profesionales y organizada conjuntamente por la Dirección General de Igualdad y Mujer y el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI Cantabria). Más de 40 profesionales de entidades sociales de la discapacidad, de mujeres y técnicos del Gobierno de Cantabria tuvieron así la oportunidad de profundizar sobre métodos de prevención, identificación y de abordaje de esta lacra social, como es la violencia de género, desde un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad. 

Tras la inauguración a cargo de la directora general de Igualdad y Mujer de Cantabria, Alicia Renedo, y la presidenta de CERMI en esa Comunidad Autónoma, Mar Arruti, que destacaron como muy positiva y necesaria la nueva línea de colaboración entre las dos instituciones, debido a las escalofriantes cifras sobre violencia de género y discapacidad, comenzó la jornada técnica conducida por Alana Micaelle e Irene Vicente, investigadoras del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Con una participación muy activa de las personas asistentes, se debatieron conceptos como la violencia de género, profundizando en indicadores para su detección, en las barreras a las que se enfrentan las mujeres, las dificultades en el acceso a la justicia, el rol de los profesionales, etc. Los contenidos se completaron con información sobre los recursos de violencia de género del Gobierno de Cantabria y la necesidad de construir una red de recursos inclusiva, así como aprovechar  la experiencia en la región del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Prevención del Maltrato Infantil (CAVAS) en la atención a mujeres con discapacidad víctima de agresiones y abusos sexuales.

A lo largo de la jornada se apostó por un modelo de apoyos como alternativa a la práctica más habitual de los procesos de modificación de la capacidad y el rechazo a prácticas como la esterilización forzosa, que aún se siguen practicando en determinados casos y lugares. 

Eva Díaz, vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, destacó en la clausura la apuesta por la  formación de profesionales en todos los ámbitos públicos y por la educación, ya que esto último es, en su opinión, "fundamental para el empoderamiento de las niñas con discapacidad". Y aprovechó para resaltar la importancia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que esta misma semana se ha reflejado en el compromiso del Estado de destinar los 200 millones a las políticas de la lucha contra la violencia de género, incluyendo 100 millones para las administraciones autonómicas y 20 para las entidades locales.