Inclusión y equidad, derecho esencial en la vuelta a clase para 7.300 estudiantes con discapacidad visual
Reforzar la capacidad inclusiva el sistema educativo, objetivo de la LOMLOE que comienza a implantarse con el apoyo de nuestros profesionales
Un curso más, la ONCE, a través de sus equipos específicos de atención educativa, apoyará a un total de 7.271 estudiantes ciegos y con discapacidad visual de toda España, que durante este mes de septiembre afrontan el comienzo del nuevo curso escolar 2022-2023 marcado por el inicio de la implantación de la LOMLOE -en los cursos impares de Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado básico-, la nueva ley de educación que establece medidas para la equidad y la capacidad inclusiva del sistema “haciendo efectivo el derecho a la educación inclusiva como derecho humano para todas las personas, reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008”, según expone en su preámbulo, y que también recoge el objetivo general del punto 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Para Ana Llauradó (1,01 MB), responsable de Atención Educativa de la ONCE, la LOMLOE supone un gran aporte a la educación inclusiva “porque la reconoce no como una realidad a alcanzar, sino que la identifica como un derecho para todas las personas”. Un derecho por el que la ONCE viene trabajando desde hace décadas, que ha dado como fruto un modelo de inclusión educativa que se ha convertido en un referente inspirador para gobiernos de otros países, y que permite que el 99% de los casi 7.300 alumnos y alumnas ciegos o con discapacidad visual que se incorporan a las aulas estos días lo hagan en centros ordinarios, siguiendo las mismas pautas y directrices que el resto de sus compañeros sin discapacidad.
Según explica Llauradó (1,01 MB), “la educación inclusiva significa que no es el alumno el que debe integrase en el sistema educativo, sino que son el propio sistema educativo y sus diferentes programas los que deben transformarse para incluir a toda la diversidad de alumnos atendiendo a sus necesidades, intereses y capacidades”.
La accesibilidad, clave
La accesibilidad es un aspecto fundamental para lograr esa inclusión real. Por ello, desde los diferentes grupos ACCEDO (Accesibilidad a Contenidos Educativos Digitales de la ONCE) se está en comunicación continua con las administraciones educativas así como con las diferentes editoriales de material escolar para lograr que tanto las plataformas como los contenidos sean accesibles a todo el alumnado, según explica la responsable educativa.
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Asimismo, el Servicio Bibliográfico de la ONCE garantiza la accesibilidad preparando libros de texto en braille y en sonido y materiales en relieve, de forma que los chicos y chicas se incorporan a las aulas con la mochilas llenas de tecnología accesible y de puntos en braille.
Recursos y materiales en los que la usabilidad y acceso a la tecnología marca el quehacer académico diario de todos estos jóvenes, al igual que el resto sin discapacidad. Por ello, Llauradó pone el acento en este aspecto,a su juicio 'fundamental' (0,45 MB).
Equipos Específicos
Los Equipos Específicos de Atención Educativa a la discapacidad visual de la ONCE prestan un apoyo personalizado a los alumnos en sus centros educativos ordinarios, en base a los convenios de colaboración entre la ONCE y las diferentes administraciones educativas.
Estos equipos están formados por un total de 417 maestros y maestras itinerantes, de los que 254 pertenecen a la ONCE y 163 los aportan las administraciones públicas. Los cursos pasados condicionados por la pandemia han supuesto un reto para adaptarse a un gran cambio metodológico, por lo que la ONCE ha intensificado su esfuerzo en formación en competencias digitales para este profesorado.
La tarea de los maestros y maestras que integran los Equipos Específicos de Atención Educativa consiste en valorar al alumnado y elaborar una propuesta de intervención aplicada individualmente. Esto requiere la coordinación con otros profesionales, además de los docentes, tanto pertenecientes a la ONCE (técnicos de rehabilitación, instructores en tiflotecnología y braille, psicólogos, pedagogos, monitores de ocio y tiempo libre o especialistas en áreas de especial dificultad), como adscritos a las administraciones (orientadores, maestros en pedagogía terapéutica, tutores de aula, etc.).
En función de las necesidades del alumnado, la atención prestada puede variar desde el seguimiento, asesoramiento y orientación al centro donde se escolarice el estudiante hasta una intervención directa con el alumnado para garantizar su inclusión dentro y fuera del aula.
Según la jefa de Atención Educativa de la ONCE, “los diferentes profesionales que componen estos equipos multidisciplinares realizan de forma coordinada y desde un enfoque transversal diversas acciones con toda la comunidad educativa, en materias como el ajuste a la discapacidad visual, el asesoramiento y formación a los profesionales de centros escolares o la atención a las familias”. “De este modo -concluye (1,58 MB)- se propicia el desarrollo integral del alumnado para que pueda seguir el currículo escolar de forma normalizada con el resto de compañeros”.
Juan Luis Collar, profesor de apoyo del equipo del Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Madrid, y Ángel Lucas Pérez, pedagogo y maestro del CRE de la ONCE en Alicante, son dos de los profesionales más experimentados de la Organización. Ahora, tras años ejerciendo la docencia con este alumnado, la implantación de la LOMLOE va a reforzar la importancia del modelo que durante muchos años han implantado estos docentes especializados al ámbito educativo, aunque ahora, como explican ambos (1,29 MB), su papel será 'referente' para el resto de profesorado que deba atender diariamente las necesidades educativas de su alumnado ciego o con discapacidad visual.
Un papel muy valorado por sus alumnos, como Miriam Illán, alumna ciega total que este año cursa 2º de la ESO en Alicante, que agradece mucho (0,80 MB) toda la ayuda que le presta su profesora de apoyo.
Y para Arturo Martínez, que tras haberse graduado en Derecho por la Universidad de Alicante (UA) inicia ahora un máster, la importancia de la LOMLOE radica en que regule los derechos de alumnos como él y que los profesores, en este caso universitarios, sepan atenerse a unas fórmulas de actuación más equitativas. "No se trata de que nos lo pongan más fácil, pero sí de que podamos tener adaptadas las asignaturas , y eso depende cada profesor", nos cuenta (1,37 MB).
Implicación de la familia
En paralelo a la labor de los docentes, el buen desarrollo educativo de estos alumnos y alumnas necesita de una implicación directa de las familias, ya que su papel es 'crucial', según Llauradó, para conseguir que su inclusión en las aulas sea lo más normalizada posible. Porque "es también muy importante que nuestro alumnado se integre en actividades extraescolares, lúdicas o deportivas. Las familias deben fomentar la participación de sus hijos e hijas en actividades con sus iguales", asegura (1,12 MB).
En este sentido, hay que realizar proyectos que favorezcan la inclusión de los jóvenes con discapacidad visual en todos los ámbitos de la sociedad, porque "la inclusión y la educación no se puede quedar sólo en las aulas", según Llauradó (0,57 MB).
Tramos educativos
Durante este curso 2022/23, los 7.271 alumnos y alumnas ciegos y con discapacidad visual, entre los que se incluye el alumnado con sordoceguera u otras discapacidades asociadas a la visual, se reparten, por nivel educativo, de la siguiente manera: 1.205 escolares participan en la Educación Infantil; 1.491 están escolarizados en Educación Primaria; 1.064 han llegado a la Educación Secundaria Obligatoria; 296 cursan Bachillerato; 417 se preparan en la Formación Profesional; 769 se enfrentan a la Universidad; y 2.029 están inscritos en otro tipo de enseñanzas.
Por comunidades autónomas, el censo se distribuye así: Andalucía, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 1.768 estudiantes; Aragón, 214; Principado de Asturias, 133; Islas Baleares, 146; Canarias, 280; Cantabria, 74; Castilla-La Mancha, 311; Castilla y León, 347; Cataluña, 1.172; Extremadura, 140; Galicia, 333; La Rioja, 41; Comunidad de Madrid, 1.118; Región de Murcia, 315; Comunidad Foral de Navarra, 85; País Vasco, 146; y Comunidad Valenciana, 648.