Tras un largo y difícil camino por alcanzar la autonomía de su gestión y asentarla en su democracia interna, la ONCE pudo llevar a cabo por fin unas primeras elecciones en 1982, cuando hacía ya cuatro años que la Constitución consagraba los derechos civiles y la igualdad entre todos los ciudadanos españoles. Quizá la huella de aquella dura etapa inicial haya pesado históricamente, favoreciendo una siempre alta participación en estos comicios: las personas ciegas de nuestro país saben bien lo que cuesta alcanzar el reconocimiento normalizado de sus derechos de representación y de libre determinación de los derroteros por los que quieren y deciden discurrir en su vida institucional y asociativa... Afortunadamente, la evolución global de la sociedad española en estas décadas ha traído consigo una sensibilidad hacia las personas ciegas y con otros tipos de discapacidad que ha amparado su desarrollo autónomo. Materializada en la cooperación de los poderes del Estado que, en el caso de la ONCE a través de su Consejo de Protectorado, ha sabido tutelar con respeto, colaborar sin prepotencia y apoyar sin paternalismo su reconocido autogobierno.