El encuentro fue inaugurado por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, quien manifestó su deseo de que España “supere y con nota” el segundo examen al que el Estado va a ser sometido, en marzo próximo, por la ONU sobre el grado de cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

“Aspiramos a hacer historia en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, dijo la ministra, subrayando la importancia del diálogo y el consenso en la consecución de políticas sobre discapacidad. En su intervención señaló que “el Derecho debe regularse para hacer posible la inclusión de las personas con discapacidad y garantizar que tengan las mismas oportunidades, porque una sociedad decente no puede dejar atrás a nadie”, en sintonía con el máximo lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Tras la mesa inaugural, María Soledad Cisternas,  enviada especial de la ONU sobre Discapacidad y accesibilidad y presidenta de su Comité Derechos de las Personas con Discapacidad, impartió una ponencia que puso en valor la importancia de la Convención, aunque advirtió de que existen muchos incumplimientos en materia de discapacidad en los Estados parte de este tratado, e hizo hincapié en los principios esenciales de la Convención de que “nada para las personas con discapacidad sin contar con las personas con discapacidad”. “El principio de una democracia se cierra teniendo en cuenta los parámetros de estas ideas fuerza”, dijo.

Temas abordados

Durante el desarrollo del Congreso se han abordado temas como el derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad universal, la educación inclusiva, la inclusión laboral, la participación política, los derechos culturales y la devolución del derecho al voto, entre otros.

También se han puesto de manifiesto muchas áreas de mejora como la escasa presencia de las personas con discapacidad en las instituciones públicas, la baja participación social y cultural, la dificultad para la inserción laboral, así como la falta de accesibilidad, que produce muchas dificultades para acceder al ejercicio de los derechos fundamentales a las personas con discapacidad.

Asimismo, se han desarrollado dos mesas de debate, una moderada por José Antonio Sánchez, fiscal superior de la Comunidad Foral de Navarra, sobre la reforma de la capacidad jurídica y otra moderada por Mª Luz Sanz, presidenta de CERMIN, sobre la agenda legislativa pendiente en el ámbito de la discapacidad, en la que han intervenido diputados/as de los grupos parlamentarios Socialista, Partido Popular y Ciudadanos.

En el desarrollo del Congreso, se han podido extraer muchas conclusiones, pero el común denominador de todas ellas es que las personas con discapacidad deben ser titulares de derecho y deberes en condiciones de libertad e igualdad efectiva.

Logros alcanzados

No obstante, frente al camino aún por recorrer en materia de derechos, y pese a que “históricamente el Derecho no ha sido especialmente benigno ni benevolente con las personas con discapacidad”, según el presidente del CERMI estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, desde el movimiento de la discapacidad no se ha caído en la resignación, “porque el Derecho puede y debe ser una herramienta al servicio de la inclusión de las personas con discapacidad”.

Pérez Bueno detalló algunos logros y medidas positivas que se han impulsado junto al Gobierno en materia de discapacidad, como la devolución del derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad privadas del mismo por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo, o la puesta en marcha de una reforma del Código Civil para pasar de un modelo de supresión de la capacidad jurídica a otro fundamentado en el apoyo en la toma de decisiones cuando sea preciso.

Asimismo, se detuvo en los trabajos iniciados para reformar la Constitución, “algo que no se trata de una reforma solo terminológica, sino integral, que refuerce la protección de los derechos de las personas con discapacidad”.

Más presencia institucional

Por su parte, el patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad y profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Antonio Luis-Martínez-Pujalte, aseguró que “es poco razonable la escasa presencia de las personas con discapacidad en las instituciones españolas”, poniendo como ejemplo que a nivel estatal solo hay dos diputados y dos senadoras con discapacidad.

Previamente, en el panel ‘Avances y perspectivas en el desarrollo del Derecho español de la Discapacidad: balance de dos años’, a cargo del delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, y del secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad y profesor titular de Trabajo Social en la UNED, Rafael de Lorenzo.

Martín Blanco desgranó los principales logros en materia de derechos de las personas con discapacidad desde que se celebró el I Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad (Elche, 2017) y De Lorenzo centró su intervención en la reforma constitucional que se ha puesto en marcha, esperando que pueda aprobarse definitivamente antes de que concluya la actual legislatura. “Si no fuera así, habrá que conseguir un compromiso firme de todos los partidos de que estos trabajos se van a respetar y van a ser el punto de partida para continuar su curso en la próxima legislatura”, precisó. En su opinión, si se aprueba la reforma del artículo 49 en los términos en los que se está trabajando en la actualidad se reforzaría ampliamente la protección jurídica de las personas con discapacidad, más allá de modificar la terminología con la que se hace referencia a este grupo social.

Marco para el empleo y consenso político

Y otro de los asuntos más destacados de este congreso ha sido la defensa, por parte del CERMI, de un nuevo marco normativo de impulso de la empleabilidad de las personas con discapacidad, “a fin de superar la mayor desigualdad que ha producido la crisis económica y afrontar la incertidumbre existente sobre el mercado laboral en el futuro”.

Así lo argumentó la responsable de la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI y directora de la Federación Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM), Pepa Torres. La experta apuntó que esta nueva legislación ha de sustentarse en cuatro ejes: debe tener un carácter holístico, sistémico y flexible, porque debe abordarse desde una múltiple perspectiva; debe tener en cuenta el ciclo vital de las personas, que en muchos casos ya no es lineal; ha de recoger mecanismos para medir su impacto social real, y tiene que tener en cuenta las diferencias existentes entre comunidades autónomas.

Junto al empleo, se abordaron posteriormente asuntos como la accesibilidad universal o la educación inclusiva... Asuntos todos ellos sobre los que los propios partidos políticos ponen en valor el consenso político para avanzar en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Y así lo verbalizaron en la última jornada del Congreso los diputados Ignacio Tremiño (PP), Joan Ruiz (Grupo Socialista) y Marcial Marín (Ciudadanos). Los tres representantes políticos destacaron los logros de los últimos 25 años, en los que convinieron destacar el papel fundamental de las organizaciones de las personas con discapacidad, como es el CERMI, en la consecución de los mismos. “Los avances conquistados no son solo gracias a los partidos políticos, sino a la función que realizan las organizaciones de la discapacidad”, destacó Tremiño.

Acabar con las esterilizaciones forzosas en mujeres y niñas con discapacidad, la modificación en curso del Código Civil para adaptarlo a la Convención de la Discapacidad de la ONU; acabar con los internamientos involuntarios o reforzar la capacidad económica para personas con discapacidad con bajos ingresos, con el fin de luchar contra el mayor riesgo de sufrir exclusión social, fueron otros temas abordados, en el que el trabajo conjunto entre políticos y organizaciones debe seguir adelante.