Algunos de los máximos responsables políticos regionales acompañan a los nuevos equipos territoriales de la ONCE en la toma de posesión de sus nuevos responsables

Más y mejores políticas encaminadas a blindar los derechos de las personas con discapacidad como ciudadanos que participan y aportan, como el resto, en la construcción de una sociedad española más moderna e inclusiva. Ese ha sido el principal mensaje lanzado por los nuevos responsables de los equipos de la ONCE en los distintos actos de toma de posesión de sus cargos al frente de las delegaciones y consejos territoriales en las distintas autonomías del país durante los últimos días. Actos que han contado con el abrazo institucional de algunos presidentes y consejeros autonómicos que han verbalizado su apoyo incondicional a la labor del Grupo Social ONCE, como referente mundial en materia de inclusión integral de las personas con discapacidad.

En Andalucía, el acto de toma de posesión del nuevo equipo territorial revistió especial relevancia, al coincidir con la recepción previa que el nuevo presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, quiso ofrecer a la entidad en el Palacio de San Telmo, en la que fue su primera audiencia como jefe del Ejecutivo andaluz. El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, estuvo acompañado por  Cristóbal Martínez e Isabel Viruet , delegado y  presidenta del Consejo Territorial de ONCE Andalucía,  el 6 de febrero. "La ONCE es un orgullo para todos los españoles y andaluces y una referencia a nivel mundial” , dijo Juan Manuel Moreno (0,77 MB), reafirmando su compromiso con el Grupo Social ONCE en Andalucía durante su mandato.

Un compromiso que, paralelamente, hizo público, esa misma jornada, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en el acto celebrado en la sede de la ONCE en Badajoz, recibiendo en este caso al director general de la ONCE, Ángel Sánchez, y a los nuevos responsables territoriales de la Organización.

Más de 150 congresistas, 20 ponentes especializados, 17 comunicaciones y dos mesas de debate en el II Congreso Nacional de Derecho y Discapacidad

La presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, la presidenta del CERMI-Navarra (CERMIN), Mª Luz Sanz, el presidente de la Fundación Caja Navarra, Javier Miranda, y el patrono y comisionado de Congresos de la Fundación Derecho y Discapacidad, Antonio Luis Martínez-Pujalte, clausuraron el  II Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad celebrado  en Pamplona, del 6 al 8 de febrero en el Palacio de Congresos y Auditorio de Baluarte, en el que su principal conclusión ha sido que es necesario regular en España un marco legislativo inclusivo, que cubra los actuales déficit en derechos que en la actualidad tienen las personas con discapacidad en nuestro país.

“No hay derechos si no son para todos y para todas”, afirmó Aznárez, tras agradecer la elección de Navarra como sede de un congreso cargado de reflexiones y reivindicaciones y que ha reunido durante tres intensas jornadas a más de 150 congresistas, más de 20 ponentes estructurados en paneles especializados, 17 comunicaciones y dos mesas de debate.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Gobierno la necesidad de reforzar la presencia y la protección de las personas con discapacidad en el II Plan Nacional de Derechos Humanos que se está elaborando en la actualidad. “Resulta llamativo el escaso espacio y el tibio compromiso de este Plan con las personas con discapacidad, a pesar de ser un colectivo que presenta importantes déficits de ciudadanía y que sufre violaciones sistemáticas y estructurales a sus derechos humanos”, según expone el Comité en un documento con propuestas al borrador de dicho Plan Nacional, en el que destaca la importancia y trascendencia social de este proyecto.

Aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de febrero, supone un avance hacia el compromiso del cumplimiento de los derechos sociales

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) celebró el lunes 4 de febrero que España vaya a ratificar la Carta Social Europea revisada, documento en el que se recogen los derechos sociales fundamentales y que fue elaborada por primera vez en 1961. A través de este acuerdo, aprobado por el Consejo de Ministros del viernes 1 de febrero, se dispone la remisión a las Cortes Generales de la Carta Social Europea revisada y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicha Carta.

La PTS y las entidades del Tercer Sector, convencidas de que la Carta Social estaba llamada a protagonizar un papel clave en el Pilar Social de la Unión Europea, venían reclamando como parte de su agenda social la ratificación plena de la misma en su versión actual, que data de 1996.