El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Gobierno la necesidad de reforzar la presencia y la protección de las personas con discapacidad en el II Plan Nacional de Derechos Humanos que se está elaborando en la actualidad. “Resulta llamativo el escaso espacio y el tibio compromiso de este Plan con las personas con discapacidad, a pesar de ser un colectivo que presenta importantes déficits de ciudadanía y que sufre violaciones sistemáticas y estructurales a sus derechos humanos”, según expone el Comité en un documento con propuestas al borrador de dicho Plan Nacional, en el que destaca la importancia y trascendencia social de este proyecto.

Aunque el borrador del Plan recoge observaciones realizadas a España por parte del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad ya en 2011, como la urgencia de erradicar las esterilizaciones forzadas o la necesidad de pasar de un sistema de supresión de la capacidad jurídica a otro centrado en el apoyo a la toma de decisiones de cada individuo, el CERMI lamenta que no detalle por el momento pautas para cumplir con estos mandatos.

Además, el Plan no cita otras observaciones conectadas con diferentes artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como es la accesibilidad universal, velar por la no discriminación y la igualdad de oportunidades de todas las personas con discapacidad y garantizar una financiación suficiente para que puedan elegir libremente si desean vivir en comunidad, entre otras. El CERMI hace especial  hincapié en la importancia de avanzar en accesibilidad universal, ya que se trata de un requisito esencial -afirma- para la igualdad de oportunidades y el acceso a todo tipo de derechos.

Del mismo modo, la plataforma representativa de la discapacidad en España señala que el Plan debe hacer mención también al dictamen de Naciones Unidas de 2018 en el que recogía múltiples carencias que se siguen produciendo en España para garantizar el derecho a la educación inclusiva de todo el alumnado con discapacidad. Además, el CERMI propone que el plan incluya el compromiso del Estado español, a través del Gobierno central, de promover la regulación legal  mediante los cauces apropiados (procesales y administrativos) para otorgar efectividad, en el ordenamiento y el tráfico jurídico españoles, incluido el judicial, a las decisiones de los órganos de tratados internacionales de derechos humanos de los que España sea parte, cuando se pronuncien sobre acciones u omisiones relevantes o de interés protegidas por esos tratados.

Más allá de la discapacidad, el CERMI llama la atención sobre el lenguaje empleado en el Plan en algunos pasajes, cuando habla, por ejemplo, de “refugiados” o “inmigrantes”. En su opinión, se deberían emplear siempre fórmulas como “personas refugiadas” o “personas migrantes”, para evitar que “el adjetivo colonice lo más importante, que es la persona”, y que se invisibilice al tiempo a las mujeres y niñas. E igualmente explica que echa en falta un sistema de indicadores para medir la eficacia y alcance del Plan, así como un mayor compromiso con la sociedad civil para impulsar medidas encaminadas a garantizar el respeto a los derechos humanos.

Para el CERMI, en definitiva, “este Plan debe ser una oportunidad embrionaria para erradicar de nuestro ordenamiento jurídico aquellas prácticas nocivas que violan los derechos de las personas con discapacidad, para hacer pedagogía de la inclusión y para que la sociedad, las administraciones, operadores jurídicos y el legislador tomen conciencia de que nuestra realidad no es un diagnóstico y que éste no debe colonizar nuestra existencia. Las personas con discapacidad somos sujetos con derechos y cualquier política pública debe configurarse desde esta perspectiva”, concluye.