La nueva Ley de información no financiera y diversidad favorece su incorporación laboral y a los consejos de administración

La nueva Ley de información no financiera y diversidad, de 28 de diciembre último (publicada en el BOE de 29/12/2018), incrementa en general las exigencias de transparencia en materia de información no financiera de las empresas. Pero, además, aboga por exigir la incorporación de personas con discapacidad, incluso a los consejos de administración, lo que sitúa a nuestro país como pionero en este terreno.

Pues de hecho la norma va bastante más allá de la Directiva comunitaria (de octubre de 2014) que obliga a las empresas a divulgar sus políticas de diversidad en órganos de administración, dirección y supervisión, pero que no mencionaba en ningún caso la discapacidad; e incluso supera lo planteado en las directrices ‘de carácter no vinculante’ (de julio de 2017) de la Comisión Europea, que sí se refieren explícitamente a fomentar la inclusión de miembros con discapacidad, pero sin mención a los órganos de gobierno de la empresa. La Ley española, de hecho, responde más a la corriente que impulsan la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad o a la inclusión de la discapacidad en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El propósito del Gobierno que ha impulsado la Ley es que, al incorporar políticas de diversidad para conformar sus consejos de administración, las compañías cotizadas incluyan el criterio de integración de la discapacidad. "Deberán velar por que los procesos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad respecto a cuestiones como la edad, el género, la discapacidad o la formación y experiencia profesionales", afirma textualmente la nueva norma.

Proceso europeo

Una Ley que los expertos y las organizaciones de la discapacidad implicadas en esta materia -como Fundación ONCE y el CERMI- han acogido con manifiesta satisfacción, como resultado de un largo proceso que ha tenido por marco, fundamentalmente, la capital comunitaria y la consideración de la integración sociolaboral de las personas con discapacidad en la UE como elemento clave de una economía sostenible e inclusiva.

La discapacidad, defienden, es un factor capital de la diversidad, también en el ámbito de la empresa, que debe por tanto incorporarse a sus políticas de Responsabilidad Corporativa, como estableció ya en 2011 la Estrategia Europea de RSC y según dejó reflejado la Guía de Global Reporting Initiative (GRI) y Fundación ONCE ‘La discapacidad en las memorias de sostenibilidad’, de 2015, que cofinanció el Fondo Social Europeo; y que refrendaron las mencionadas Directrices comunitarias de 2017.

La nueva Ley española dispone así que las empresas informen sobre su evolución en materia de respeto medioambiental y de criterios sociales (derechos humanos, lucha contra la corrupción...) y laborales, como la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o “la no discriminación e inclusión de personas con discapacidad y la accesibilidad universal”. Es decir, informar respecto a su nivel de inclusión laboral y sobre las medidas adoptadas para favorecerla a través del respeto a la accesibilidad universal y el diseño para todos.

Es en esta dimensión que la norma hace referencia a la necesidad de que los consejos de administración favorezcan también la diversidad en su composición, sin ninguna discriminación respecto a cuestiones como la edad, el género, la discapacidad o la formación y experiencia profesional. Adicionalmente establece incluir la discapacidad en las medidas de diversidad que han de reflejar en su informe anual sobre gobierno corporativo; y obliga a las compañías a implementar medidas que garanticen a las personas con discapacidad o mayores la accesibilidad tanto a la información previa como al desarrollo de sus Juntas Generales, incluidos los apoyos necesarios para ejercer el voto.