Mientras, Carcedo defiende en la ONU el impulso a la educación inclusiva pero también el apoyo a los centros de educación especial

Nada ni nadie sobra en el ámbito educativo. CERMI no quiere cerrar nada, ni desmantelar ni liquidar ninguna estructura educativa que aporte o haya aportado valor a la educación de las personas con discapacidad. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) solicita un gran pacto político y social para que, junto al tejido asociativo, se logre un gran acuerdo para la inclusión educativa real de las personas con discapacidad que establezca las bases, dote de orientaciones y pautas, fije los criterios y proporcione los recursos para transitar hacia la inclusión.

A la vez que la ministra Carcedo defendía ante la ONU el apoyo a la educación inclusiva pero también a los centros de educación especial, el pasado 18 de marzo, el CERMI lanzaba un comunicado en el que alentaba en nuestro país  a un proceso evolutivo y transformador, sensato, ordenado y progresivo, producto del diálogo y el acuerdo de toda la comunidad educativa, para lograr la inclusión, como marcan los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ante las tensiones surgidas en el ámbito de la inclusión educativa, en concreto en torno a la permanencia de los centros de educación especial como garantes de la formación de determinados segmentos de población escolar con discapacidad, el CERMI propone un diálogo con toda la comunidad educativa, liderado por las distintas administraciones como responsables finales de esta tarea, para que todas las estructuras de la enseñanza tiendan y alcancen la inclusión y sitúen al alumno con discapacidad en el centro del sistema, garantizando los apoyos individualizados que aseguren una educación de calidad que sea la base de su desarrollo humano y su plena participación social.

Elección educativa

La enseñanza de las personas con discapacidad ha sido la gran olvidada de las políticas públicas de educación en las últimas décadas, según denuncia el CERMI. Ha faltado modelo e inversiones para pilotar el proceso de transformación y convergencia que se requiere por parte de las distintas administraciones educativas. Las familias han de poder decidir la educación de sus hijos menores ya que, en España, sólo las familias de escolares con discapacidad siguen encontrando situaciones en las que no pueden elegir modalidad de enseñanza, haciéndolo por ellas las administraciones, o bien se ven abocadas a situaciones financieras insostenibles. Solamente si la educación de las personas con discapacidad pasa a primer plano de las políticas educativas se podrá salir del bloqueo actual, aseguran desde este Comité.

Por ello, el CERMI apela a todos los partidos políticos -al hilo del presente debate electoral-, para promover, debatir y alcanzar un gran acuerdo o pacto en materia de educación de las personas con discapacidad. El derecho a la educación inclusiva -recuerdan- es uno de los preceptos que recoge la Convención de la ONU, siempre con el alumnado con discapacidad como objetivo, garantizando los apoyos individualizados que aseguren una educación de calidad que sea la base de su desarrollo humano y su plena participación social.