La ONCE acaba de reivindicar -en la Cumbre Global de la Discapacidad desarrollada en Argentina- la recuperación de un valor tan aparentemente simple como integralmente complejo: el ‘bien común’. Y, para alcanzarlo como objetivo socialmente compartido, demanda el compromiso de los Estados, con políticas públicas que lo impulsen desde el respeto universal a los derechos humanos. Por tanto, también, y en primera línea de atención y de protección, hacia las personas con discapacidad. Un cambio de paradigma que supere modelos asistencialistas. Nuestra Organización lo expresó en Buenos Aires por boca de su alta comisionada para la Solidaridad y la Cooperación Internacional, Ana Peláez, en la clausura de la Cumbre, y convocó a Administraciones, técnicos e instituciones participantes a que se comprometan a que el diseño de estas medidas atienda al previo criterio de las propias personas implicadas, a que escuchen su voz sin más intermediarios.

Pero este segundo gran encuentro internacional por la discapacidad ha incidido además en otras consideraciones y evidencias históricamente marginadas. Empezando por la defensa de una educación inclusiva que, desde los principios de la igualdad de oportunidades, ponga a disposición de las nuevas generaciones de jóvenes con cualquier discapacidad las herramientas que realmente den respuesta a su necesidades específicas y les permitan sacar a la luz y desarrollar plenamente su potencialidad: una lectura en positivo de sus capacidades frente a los estereotipos centrados en la idea de ‘limitación’. Y continuando por la inclusión laboral; es decir, el aprovechamiento de ese talento ‘redescubierto’ para ser incorporado a la vida productiva de cada una de nuestras estructuras sociales. ¿El objetivo?: la plena realización de las personas concernidas y, al tiempo, el aprovechamiento social de sus capacidades, tantas veces ocultas bajo la pátina de la larga sombra de su anonimato.  

Curiosamente, como se puso de manifiesto una vez más en el contexto de la Cumbre argentina, se trata de los valores y objetivos centrales enarbolados, durante sus 80 años largos de historia, por la ONCE; y ahora también por su gran Grupo Social. Una singular organización comprometida con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y -desde sus postulados- con la defensa de la economía social dentro y fuera de nuestras fronteras, con la cooperación internacional y con las máximas de la justicia social y la igualdad de toda la ciudadanía. “Un instrumento para sacar adelante las libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad”, como resumió Ana Peláez en la gran cita argentina.