La Fundación CERMI Mujeres (FCM) lamenta que el informe ‘Familias en un Mundo cambiante’, elaborado y recientemente difundido por la organización ONU Mujeres, no haya tenido en cuenta la realidad de las mujeres con discapacidad y, por ello, aunque celebra su publicación, también critica que una vez más haya dejado atrás a los 600 millones de mujeres y niñas con discapacidad que hay en todo el mundo.

El informe es parte de la serie ‘El progreso de las mujeres en el mundo: 2019-2020’, que coincide con la campaña ‘Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario’, y en él ONU Mujeres analiza de qué manera impactan las transformaciones que se están produciendo en las familias sobre la situación específica del segmento social femenino.

El estudio consta de siete capítulos y un octavo de recomendaciones e intenta aportar una visión progresista, moderna e inclusiva. Además, señala qué tipo de apoyos necesitan, la heterogeneidad de las familias y su diversidad, y pretende crear sinergias y elaborar propuestas de mejora para que en las agendas políticas se tenga en cuenta este informe, se promuevan los derechos de las mujeres y se garantice que todas las familias puedan progresar.

Lo que pretende ONU Mujeres es hacer un llamamiento a los gobiernos, a la sociedad civil y al sector privado para reconocer la diversidad de las familias, en la que debe estar incluida la discapacidad. Y es que, según señala, pese a la especificidad de la discapacidad en determinadas cuestiones como la educación sexual, la pobreza, las tareas de cuidado y la violencia, sigue habiendo un déficit en la recogida de datos y su posterior análisis, donde no se tiene en cuenta a las mujeres con discapacidad.

CERMI Mujeres expresa su preocupación por el hecho de que la perspectiva interseccional todavía no haya calado en todos los organismos de derechos humanos. “La consulta a las organizaciones representativas de mujeres y niñas con discapacidad todavía es una tarea pendiente en los principales organismos de derechos humanos y las demandas de las mujeres con discapacidad aún no son convenientemente escuchadas. Existe un enorme impacto en la concepción de las familias y en las consecuentes políticas públicas e inversiones a tener en cuenta por parte de los gobiernos si las mujeres con discapacidad son las que ejercen la maternidad, variando incluso con cada discapacidad y habiendo en muchos casos no solo una ausencia del Estado, sino incluso una presencia opresiva por su parte a través del sistema de justicia con la resistente retirada de la custodia de hijos e hijas a las madres con discapacidad”, explica la FCM.

Por último, la FCM advierte de que los Estados siguen sin brindar apoyo suficiente a la infancia con discapacidad y que la planificación familiar para muchas mujeres con discapacidad aún no es un derecho garantizado. Por ello, todas estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta en las políticas públicas de los países y también en los estudios sobre derechos humanos.