La Alta Comisionada para la Solidaridad y la Cooperación Internacional del Grupo Social ONCE, Ana Peláez, reclamó el pasado 4 de diciembre en el Parlamento Europeo que la Estrategia para la Igualdad de Género de la UE 2020-2024 dé “máxima prioridad” a las mujeres y niñas con discapacidad, con el fin de acabar con la discriminación interseccional que sufre esta parte de la ciudadanía.

Lo hizo en su calidad de vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres (FCM) y vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés), ante la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de la Eurocámara, en la que también han participado la directora de Igualdad de la Comisión Europea, Irena Moozova; la presidenta del Comité Directivo de la Fundación Solidarna de Croacia, Sanja Sarnavka; la profesora asociada de Economía de la Business School (Francia), Estefania Santacreu; la directora ejecutiva y fundadora del Centro de Justicia Interseccional de Alemania, Emilia Roig; y Camille Butin, asesora de la Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF).

Peláez, primera mujer ciega que forma parte además del Comité de Seguimiento de la Convención Contra todas las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, recordó que las mujeres con discapacidad constituyen el 16% de la población femenina de la UE y el 60% de las personas con discapacidad de todo el mundo. Pese a estas cifras, alertó de que el colectivo se encuentra en peor situación que las mujeres sin discapacidad y también que los hombres con discapacidad.

Discriminación múltiple

“Las mujeres y niñas con discapacidad se enfrentan a discriminación múltiple e interseccional en todos los ámbitos de la vida, incluyendo desventajas socioeconómicas, aislamiento social, violencia, esterilización forzada y aborto forzado, falta de acceso a los servicios comunitarios, viviendas de baja calidad, institucionalización, atención sanitaria deficiente y negación de la oportunidad de contribuir a la sociedad para participar activamente en ella. Asimismo, las mujeres con discapacidad tienen entre dos y cinco veces más probabilidad de ser víctimas de violencia”, denunció la experta española.

Pidió especialmente atención para las mujeres y niñas con discapacidad que residen en entornos rurales e insistió en la necesidad de que la UE y sus Estados miembro cumplan la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicho tratado insta a adoptar medidas para asegurar que las mujeres y niñas con discapacidad “puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”, así como a “asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos”.

En línea con las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ana Peláez reclamó en esta línea que se tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad tanto en las estrategias y políticas sobre discapacidad como en las relativas a igualdad de género.

Establecer un mecanismo de supervisión sobre los progresos realizados; impulsar estudios y análisis sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad para conocer con mayor precisión su realidad; reforzar la lucha contra la violencia; promover la toma de conciencia para eliminar los prejuicios que siguen existiendo sobre las mujeres y niñas con discapacidad, y favorecer su inclusión laboral fueron otras de las reivindicaciones planteadas en Bruselas por la vicepresidenta ejecutiva de CERMI Mujeres.