La Confederación Española de Familia de Personas Sordas (FIAPAS) ha mostrado su satisfacción ante las mejoras introducidas en el nuevo Real Decreto sobre directrices y planes estatales de Protección Civil de cara a la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias.

Al respecto reconoce la íntegra incorporación de sus aportaciones en “el largo del proceso de elaboración de la norma”, que arrancó en febrero pasado. Pero -recuerdan-, queda por resolver la histórica petición de FIAPAS de incluir en este planteamiento de accesibilidad global el funcionamiento del teléfono 112, como servicio interoperativo entre cualquier Comunidad Autónoma, con un sistema unificado y accesible para todo el Estado.

Desde la inicial fase de consulta pública sobre la norma, FIAPAS solicitó al Ministerio del Interior-Dirección General de Protección Civil y Emergencias que todos los Planes Estatales de Protección Civil contenidos en este Real Decreto (riesgo de inundaciones, seísmos, accidentes por mercancías peligrosas, incendios forestales, riesgo volcánico, radiológico, etc.) garantizasen su correcta comunicación y comprensión para las personas con discapacidad, incluidas, por supuesto, las personas sordas, asegurándose de que todas las medidas, recursos y dispositivos fueran respetuosos con los principios de accesibilidad universal.

En paralelo, reclamó formación específica sobre adecuada atención a las personas con discapacidad para los integrantes de los servicios de Protección Civil e incluso la participación directa de estas personas y sus familias en los ejercicios y simulacros de emergencias.

Aportaciones que se han incorporado en el proceso de elaboración de la norma, a excepción de la  mencionada regulación del 112. A expensas de la redacción definitiva del Decreto, parece que éste sienta las bases para garantizar la accesibilidad al 112, pero no resuelve la regulación de la interoperabilidad entre todas las Comunidades Autónomas, necesaria para disponer de un sistema unificado y accesible para todo el territorio nacional, que no dificulte ni impida su uso por parte de las personas sordas cuando éstas se desplazan de su lugar de residencia. “Servicio que, en todo caso, y de acuerdo con la legislación sobre la contratación pública, deberá ajustarse a los procedimientos previstos en la misma”, recuerdan desde FIAPAS.