El presidente del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, planteó al Senado un plan de choque con medidas “SOS Discapacidad” para una adopción “lo más inmediata posible y que tengan gran impacto social”, que procurarían “un beneficio tangible” para los derechos de inclusión y bienestar de las personas con discapacidad, “en estos tiempos  de devastación y de destrucción de lo que habíamos conseguido como consecuencia de la crisis de la pandemia”.

Así lo propuso el pasado 4 de marzo durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad en el Senado, formada por todos  senadores de todos los grupos parlamentarios.

Entre las medidas planteadas por el presidente del CERMI destaca la vacunación contra el Covid de todas las personas con discapacidad y sus cuidadores y asistentes, “otorgándoles prioridad”, ya que “son las que más han sufrido el impacto de la pandemia”, aseguró.

Asimismo, solicitó un nuevo baremo de discapacidad, que es el instrumento técnico que tiene la administración para determinar quién tiene discapacidad, en qué grado, de qué tipo y qué apoyos necesitaría. “Sería la puerta de entrada al sistema de recursos, de acompañamiento, de prestaciones públicas”, ya que, "la situación actual de nuestro baremo es del año 1999 y no refleja el enfoque social de la discapacidad y provoca muchos problemas”. No obstante, reconoció que un acuerdo amplio entre las comunidades autónomas, Gobierno y entidades sociales sobre este nuevo baremo “solo necesita el impulso para convertirse en un nuevo real decreto”.

Otra demanda del CERMI es el problema que atañe a la pérdida de miles de empleos o a la no creación de nuevos empleos para personas con discapacidad, debido  a la infracción legal de la Ley General de Personas con Discapacidad, ya que, tal y como reconoció el Tribunal Supremo, al haberse extralimitado el Gobierno en la delegación legislativa de esta norma, desde 2018, las personas que tienen una incapacidad permanente laboral o de Seguridad Social, ya no están asimiladas a las personas con un grado de discapacidad del 33% o mayor.

Por otra parte, aseguró que se necesita llegar a un acuerdo de regulación de la asistencia personal de ámbito estatal , “la prestación más inclusiva” según Pérez Bueno, que se destina a las personas con grandes necesidades y gran necesidad de apoyo para poder tener una autonomía personal mínima. Además dijo que es necesario que las Cortes decidan finalmente sobre el copago en dependencia, ya que además hay una iniciativa legislativa popular en el Congreso, fruto de 740.000 firmas obtenidas por el movimiento CERMI, que “son de 2015 y todavía no se ha tramitado”.

Otra demanda es la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. En este sentido, señaló que “100.000 personas con discapacidad mayores están encerradas en sus casas, en un confinamiento perpetuo, recluidas porque no hay manera de hacer accesibles sus viviendas que están sometidas al régimen de Propiedad Horizontal... Aquí proponemos un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, específico y monográfico, dedicado a la accesibilidad en la vivienda, que permitiera la accesibilidad de 100.000 viviendas y 100.000 inmuebles, dando así una finalidad social a los Fondos Europeos que España tiene asignados”.

Añadió que “necesitamos también que se regule legalmente la accesibilidad cognitiva porque es una de las dimensiones de accesibilidad que no tiene soporte normativo y que precisa de una regulación de la que carecemos”, y pidió que se dote de accesibilidad universal al teléfono 112, que carece de ella para cada una de las discapacidades. En esta línea, también reclamó la aprobación del Reglamento de Accesibilidad Universal de ámbito estatal a bienes y servicios a disposición del público que lleva desde 2005 de retraso.

En el ámbito de la mujer, apuntó a la necesidad de una macroencuesta específica sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad, que descubra esta realidad invisible. Y en el ámbito de la salud mental y del bienestar para todas las personas con discapacidad, "necesitamos una estrategia nacional del suicidio y un teléfono público de atención a esta lacra, que supone el mayor número de muertes por razones asociadas o afines a la discapacidad". Además indicó que también hay que eliminar el límite de 18 años en la prestación de la Seguridad Social por hijo menor con cáncer u otra enfermedad grave.

En cuanto a las situaciones de soledad no deseada, que tienen un impacto desmedido en las personas con discapacidad mayores, Pérez Bueno demandó una estrategia nacional que fomente la sociabilidad, el acompañamiento, la solidaridad intergeneracional “y que no haya nadie que esté solo”.

Por último, puso sobre la mesa el “crítico momento” que está atravesando el Tercer Sector Social, en el que muchas organizaciones no van a poder remontar la situación de esta crisis. “Las demandas se han disparado y hay más presión para dar servicio y atención cuando los recursos apenas se han incrementado... Hay un riesgo de que un tercio de esas entidades puedan desaparecer o permanezcan con una mínima actividad, lo cual perjudicará a las personas que asisten”, concluyó.