El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha reunido estos días con el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, acompañado del vicepresidente primero, Alberto Durán.  El encuentro se enmarca en la normalidad de los contactos habituales de los máximos representantes del Grupo Social ONCE con el Ejecutivo, que culminaron el pasado mes de diciembre con la aprobación por parte del Gobierno del Acuerdo con la Organización para los próximos 10 años.

Así lo manifiesta en una carta remitida a la ministra de Justicia, Pilar Llop

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al Ministerio de Justicia a modificar “sin demora” la Autonomía y la Atención a la Dependencia establecido por la Ley 39/2006 y trasladar a la jurisdicción social las controversias suscitadas en torno a esta ley de dependencia.

Así lo ha manifestado la plataforma de la discapacidad en una carta remitida a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que explica que “todos los litigios relacionados con la Ley 39/2006 han de pasar de la jurisdicción contencioso-administrativa, la actualmente competente, a la social, como es lo propio por razón de la materia”. En este sentido y dado el carácter absolutamente social de la Ley 39/2006, exige con apremio al gobierno la efectiva protección de las personas beneficiarias de esta ley, es decir, “personas mayores y con discapacidad”.

Fundación ONCE y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) han unido sus fuerzas para contribuir a que la reforma legal que reconoce la capacidad de obrar de las personas con discapacidad intelectual sea una realidad lo antes posible.

Las dos entidades firmaron el 12 de enero un convenio de colaboración que pretende extender la aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para mejorar el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.