Fundación ONCE y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) han unido sus fuerzas para contribuir a que la reforma legal que reconoce la capacidad de obrar de las personas con discapacidad intelectual sea una realidad lo antes posible.

Las dos entidades firmaron el 12 de enero un convenio de colaboración que pretende extender la aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para mejorar el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

El documento lo rubricaron José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, e Ignacio Recondo, presidente de la AEFT, quienes coincidieron en señalar la importancia de llegar a acuerdos como este para mejorar la plena inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Partiendo de esta máxima, el convenio se propone fomentar la inclusión social y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, “especialmente en lo que respecta a la aplicación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”.

Dicha norma supone la modificación de 8 leyes, entre ellas el Código Civil, y acaba con las incapacitaciones judiciales, lo que implica la desaparición de figuras como la tutela o la patria potestad prorrogada. En su lugar, propone un sistema de apoyos individualizados y adaptados a las necesidades de cada persona, para que sea ella quien pueda tomar sus decisiones libremente y en posesión de información suficiente y adaptada a sus necesidades.

Para cumplir con el principal objetivo de este convenio, Fundación ONCE y la AEFT se proponen impulsar actividades de formación de interés para las dos partes, que mejoren el conocimiento de la discapacidad, su marco jurídico y el trato a quienes conviven con ella.

Igualmente, quieren trabajar por el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de las actividades propias de la AEFT, “promoviendo el desempeño de los apoyos necesarios para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y facilitando el cumplimiento de la misión que corresponde a su red de entidades, a través de los medios que procedan”.

Del mismo modo, abogan por avanzar en el impulso y asesoramiento en la promoción de la accesibilidad universal y el diseño para todos, tanto en el medio físico como en el ámbito de las nuevas tecnologías, incluidos los espacios virtuales (páginas web, etc.).