Una delegación de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) encabezada por su presidente, Juan Antonio Pedreño, se reunió el 9 de febrero con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para analizar la Reforma Laboral en las empresas de la Economía Social, así como los aspectos que preocupan al sector de economía social y que no han sido incluidos en la nueva legislación.

Durante el encuentro, Pedreño aseguró que tanto la entidad como toda la Economía Social “están en sintonía con la filosofía que persigue la Reforma Laboral de generar un empleo estable, reducir las desigualdades, eliminar la precariedad y apostar por los jóvenes, que son, en definitiva, retos coincidentes para avanzar en mejorar la vida y los derechos de las personas”. Pero también trasladó  a Díaz las “preocupaciones sectoriales no resueltas” en la misma. En concreto, manifestó inquietudes respecto a los Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción, etc.

En este sentido, el presidente de CEPES trasladó su interés por haber participado “más activamente” en el debate previo a la redacción de la norma, “ya que algunas de los temas que se han planteado en la reunión se podrían haber analizado y solucionado en el texto normativo”. Por ello, han fijado una hoja de ruta que establece reuniones técnicas con los colectivos afectados y modificaciones de algunas normas, como la Ley de Empresas de Inserción, la Ley de Cooperativas o la Ley de Economía Social.

Con respecto a los Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción, CEPES se refirió al retorno de personas en exclusión de las empresas de inserción, “que una vez que entran en el mercado laboral ordinario, pueden recaer en su motivo de exclusión y tienen que volver a la empresa de inserción”. Esta problemática, resulta “difícil” de abordar con la Reforma Laboral, ante lo que, han reconocido, “hay voluntad” de resolverla en el marco de la nueva Ley de Empresas de Inserción.

Por último, se ha puesto encima de la mesa la casuística de los contratos vinculados a proyectos financiados con fondos comunitarios. Hasta ahora estos contratos eran de obra y servicio vinculados a cada proyecto. Si se aplica la Reforma Laboral, las entidades tendrán que asumir los costes de indemnización que no es un coste elegible en este tipo de proyectos. En este sentido, se ha pedido analizar la aplicación de esta casuística a la excepcionalidad que ya contempla la Ley para el Sector Público.

Pedreño se mostró preocupado por la exclusión de la Economía Social ante normativas tan importantes como el Proyecto de Ley de Empresas Emergentes, el Proyecto de Ley de Creación y Consolidación de Empresas, actualmente en tramitación parlamentaria, o la Ley de Residuos, que ya ha llegado al Senado.