Por su parte, la Fundación CERMI Mujeres (FCM) instó a sumarse a las reivindicaciones y a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, porque “no podemos dejar pasar la oportunidad para denunciar, un año más, la situación de exclusión a la que nos vemos sometidas de manera sistemática como ciudadanas”, expresó durante la lectura pública de su manifiesto ‘Veinticinco años de conquistas y reivindicación’.

El mismo día 8M, CERMI Mujeres procedió a la lectura pública del citado manifiesto en un acto presencial celebrado en su sede, en la calle Recoletos de Madrid, que también fue retransmitido a través del canal de YouTube de la propia entidad.

Durante la ceremonia fueron cuatro las mujeres con discapacidad encargadas de poner voz al manifiesto feminista de CERMI Mujeres: Mercedes Pérez, técnica de género del CERMI Estatal; Irene Álvarez, de la Confederación ASPACE; Mayte Gallego, patrona de la Fundación CERMI Mujeres y Cristina Paredero, de Plena Inclusión España.

De esta manera, la entidad celebró los logros alcanzados en materia de derechos y cambios normativos durante este último cuarto de siglo, pero remarcó que “queda aún mucho camino por recorrer”. En este sentido, el manifiesto hace referencia a los datos del XII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer de 2018, en el que se refleja que el 20% de las mujeres que fueron asesinadas por sus parejas y/o exparejas en nuestro país durante ese año tenían algún tipo de discapacidad, lo que hace urgente “la puesta en marcha de todas las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, apuntó.

Asimismo, CERMI Mujeres ha denunciado la inexistencia de una política pública en materia de violencia contra las mujeres que tome seriamente en consideración la situación específica de las mujeres con discapacidad, y reclama políticas públicas para ello: “Ni los recursos ni los servicios de atención en este ámbito son plenamente accesibles; tampoco son inclusivos las y los profesionales especializados, que no cuentan con una formación idónea para dar respuesta a esta realidad y no se han establecido protocolos de actuación adecuados que permitan un abordaje integral”, ha aseverado.

Por último, la entidad exigió que se garantice la equidad en el acceso a los servicios de salud y que se establezcan medidas de reparación integral para aquellas mujeres con discapacidad esterilizadas forzadamente en el pasado y en el presente, con el objetivo de resarcir el daño ocasionado por estas prácticas contrarias a los Derechos Humanos. Asimismo, reclama que se diseñen y apliquen políticas públicas de empleo con enfoque interseccional que tengan presente la igualdad de las mujeres por razón de género y discapacidad, así como poner en marcha políticas eficaces de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia.

La clausura corrió a cargo de la presidenta de la Fundación CERMI Mujeres, Marta Valencia, quien señaló que “hay que seguir vigilantes para asegurar que se cumplen las leyes que se han conseguido establecer gracias a la lucha de las mujeres con discapacidad organizadas”.

Finalmente, Valencia instó a las mujeres a seguir trabajando para garantizar un enfoque inclusivo en la nueva ley contra las violencias machistas y trasladó su apoyo a todas las mujeres y niñas refugiadas del mundo expuestas a la discriminación, violencia y abusos, mencionando especialmente a las refugiadas ucranianas.  

Una de cada cinco mujeres asesinadas por violencia de género tiene discapacidad

Casi el 20% de las mujeres asesinadas por violencia de género tienen algún tipo de discapacidad, según manifestó en el Día Internacional de la Mujer la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas (Federación Aspaym), Mayte Gallego.

Por ello, reclamó que todos los recursos para las víctimas de violencia de género sean accesibles y que, tal y como propugna el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las mujeres con discapacidad que lo precisen dispongan de la figura de un asistente personal, “para que puedan hacer uso de estos recursos y no se queden atrás a la hora de denunciar”.

Según Gallego, “la brecha salarial y la pobreza tienen cara de mujer”. “Los cuidados siguen recayendo en las mujeres, que son las que dejan sus puestos de trabajo cuando tienen que cuidar de un familiar”, y destacó que “sigue siendo muy difícil conciliar la vida laboral con la personal cuando se tienen hijos".

Por ello, reclamó que los cuidados “sean remunerados y profesionales”, pues de lo contrario “no estaremos en igualdad de condiciones”.

Gallego se refirió también a la elevada tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad (76%) y a la brecha salarial que arrastran, que aumentan la vulnerabilidad del colectivo.

Por último, llamó a “estar vigilantes para no retroceder en derechos conseguidos y que no haya ningún paso para atrás, pues cuando vienen mal dadas somos las que más vemos recortadas nuestros derechos”.