Así se recoge en la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica 

El pasado 1 de marzo, tras su publicación en el BOE, entró en vigor la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, promovida por el Ministerio de Consumo. En su disposición adicional primera se recoge que: «El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables». Para Andrés Ramos, director general adjunto de Servicios Sociales de la ONCE y presidente de la Comisión Braille Española (CBE), “se trata de una muy buena noticia, aunque ahora queda mucho trabajo por delante” (0,55 MB). 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, firmaron el 21 de marzo un protocolo de colaboración para facilitar la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las víctimas del terrorismo con discapacidad.

En el acto, celebrado en la sede del Ministerio del Interior, Grande-Marlaska recordó que el Ministerio, a través de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, les ofrece “una asistencia integral y personalizada”, que incluye el asesoramiento y las políticas activas de empleo necesarios para que ejerzan los derechos laborales que les reconoce la ley. “El protocolo de colaboración que hemos suscrito pretende en este sentido mejorar las expectativas de inserción laboral de todas de las personas con discapacidad víctimas del terrorismo”, añadió el ministro.

El Comité Paralímpico Español (CPE) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) acogen con optimismo el inicio del trámite parlamentario de la nueva Ley del Deporte, que se encuentra ya en el Congreso de los Diputados, y reclaman a todos los partidos políticos que hagan un esfuerzo de consenso para lograr una buena ley que suponga un gran avance en materia de deporte de personas con discapacidad.

El CPE ha participado activamente en todo el proceso de elaboración de la ley, trabajando de manera coordinada con el equipo del Consejo Superior de Deportes durante los años en los que ha venido gestándose esta nueva norma que vendrá a sustituir a la anterior Ley del Deporte, vigente desde 1990. Además, todas las sugerencias que se iban planteando desde el CPE durante este proceso contaban con el acuerdo y respaldo del CERMI y de las Federaciones Españolas de Deportes de Personas con Discapacidad, con quienes se mantuvieron numerosas reuniones de trabajo.

Asimismo, el CPE y el CERMI están buscando el apoyo mayoritario de todos los partidos del arco parlamentario a las líneas generales de la ley, mediante encuentros con prácticamente todos los grupos de la Cámara.