La infancia con discapacidad ha pedido al Gobierno más facilidades para que las niñas y adolescentes con discapacidad puedan acceder al deporte y clases extraescolares adaptadas.

Así lo lo hizo el 6 de julio Paula Pascual Llull en el acto 'Infancia con Derechos', en el que el Ejecutivo presentó el Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea.

La petición que formuló Paula, una adolescente con discapacidad visual que forma parte del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia,  recordó que “las niñas con discapacidad necesitamos poder acceder al deporte y pedimos adaptar las extraescolares y que nuestras familias puedan adquirir material escolar. También queremos más psicólogos en la sanidad pública”.

Paula es afiliada a la ONCE y miembro del movimiento asociativo de la discapacidad representado en el CERMI, Comité que participó activamente en la elaboración de este Plan de Acción, junto con el resto de las entidades del Tercer Sector de Acción Social. El CERMI continuará su labor de incidencia en la aplicación y seguimiento del Plan y en su implantación en los territorios, a través de la red de 19 CERMIs Autonómicos.

Con vistas al semestre de Presidencia Española de la Unión Europea, el CERMI impulsará la participación activa de la infancia y adolescencia con discapacidad en las actividades previstas por el Gobierno de España, para garantizar el enfoque inclusivo de las políticas de infancia a escala europea.

"Invertir en infancia" contra "la pobreza infantil"

En este acto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, animó a ayuntamientos y Comunidades Autónomas a incorporar “la perspectiva de infancia y adolescencia” en sus políticas públicas y a participar en el Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil europea, que presentó en Madrid junto a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Durante un acto celebrado en la sede de CaixaForum, Sánchez afirmó que la Garantía Infantil "apela también a ayuntamientos y Comunidades Autónomas", a las que animó a invertir en infancia y contra la pobreza infantil.

De hecho, todas las administraciones “deben coordinarse para incorporar esta perspectiva de infancia y adolescencia”, defendió, porque la mayoría de las competencias no dependen del estado en exclusiva. Y puso el ejemplo de "la vivienda digna", que la Garantía Infantil establece como derecho de todos los niños, y se preguntó sobre "quién tiene las comptenencias en vivienda y urbanismo".

Afirmó que "combatir la pobreza infantil no es solo justicia social, sino inversión para el futuro… Es activar el ascensor social”. A su juicio, “los niños y las niñas son las principales víctimas de la desigualdad y tenemos que hacer Visible este problema… La inversión en infancia debe permitirnos romper con el círculo de pobreza que se transmite de generación en generación”, y llamó a todas las administraciones a comprometerse en esta lucha. En su opinión, “combatir la pobreza infantil es apostar por la dignidad colectiva de un país”, y se felicitó por la aprobación en 2021 de esta Garantía Infantil Europea, presentada por fuerzas progresistas en Bruselas ya en 2015.

Ejes fundamentales

El Plan consta de cuatro ejes fundamentales: garantizar el acceso de los niños a derechos fundamentales como la sanidad, la educación y la vivienda, mediante una protección reforzada; el desarrollo y puesta en marcha de medidas específicas dirigidas a los colectivos más vulnerables de la infancia; abordar las desigualdades territoriales, y establecer un marco sólido de coordinación y gobernanza, que garantice su implantación en todo el territorio nacional.

Dotado con 990 millones de euros, el Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea pretende generalizar la educación de cero a tres años, cuyo acceso es mucho más limitado entre las familias sin recursos; combatir la obesidad infantil; incluir la atención bucodental en el Sistema Nacional de Salud; asegurar el acceso a una vivienda digna a todos los niños; mejorar su salud mental; aumentar la inversión educativa y combatir la brecha digital, y acabar con la institucionalización (estancia en centros residenciales) de los menores de 10 años tutelados en el sistema de protección.