El Parlamento de La Rioja aprobó el 25 de enero, por unanimidad, la Ley de Accesibilidad Universal en cuya exposición de motivos indica que “uno de los objetivos de los poderes públicos es, sin duda, hacer efectivo el principio de la igualdad de todas las personas, sin discriminación alguna, proclamando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y reconociendo la dignidad y el valor inherentes de las personas”, incidiendo de manera especial en las personas con discapacidad para garantizar “el ejercicio del principio de igualdad de manera plena”.

Esta nueva Ley de Accesibilidad Universal de La Rioja  avanza en derechos para todas las personas que puedan tener problemas de movilidad o dificultades cognitivas, y deroga la Ley de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad de 1994, por lo que, casi 30 años después, era necesario adaptarla a «un concepto de accesibilidad más amplio, que incluya el ámbito cognitivo e intelectual», defendió el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja, Pablo Rubio.

Manifestó que dado  que  "el concepto de accesibilidad ha cambiado y, ha pasado de ser un problema de acceso físico, como las escaleras que limitaban a las personas en silla de ruedas, a un concepto más amplio, que afecta lo cognitivo e intelectual, como entender las sentencias judiciales", las  beneficiarias de esta ley no son solo las personas con discapacidad, sino además todos los ciudadanos, ya que, por circunstancias a lo largo de la vida, van a tener algún problema de accesibilidad.

La Ley amplía derechos, actualiza los conceptos de barreras y accesibilidad al siglo XXI y regula sanciones para aquellos que conculquen estos derechos. Entre las medidas incluye: gratuidad en el transporte público para personas con discapacidad que precisen apoyo, la reserva del 5 por ciento de viviendas adaptadas en las promociones públicas y tarjeta de estacionamiento para familias con menores con cáncer.

Además se  ha incluido un compromiso financiero expreso y de dotación presupuestaria de recursos, tanto a nivel autonómico como municipal, para que la Ley no se convierta en una declaración «puramente voluntariosa».

También se creará la Oficina Riojana de Accesibilidad Universal (ORAU), el centro directivo administrativo que impulsará, coordinará y realizará el seguimiento de las políticas públicas de accesibilidad universal, además de tramitar las quejas y denuncias por incumplimientos de la ley.

Por último,  la ley permitirá incorporar los procedimientos de lectura fácil en los juzgados y la administración, para mejorar la accesibilidad.