El Parlamento español está cada vez más abierto en últimas fechas a cuestiones sociales que nacen de la ciudadanía. Y trata de dar cumplimiento y convirtiendo en ley, dando por bueno lo que la ciudadanía ya da por bueno, cuestiones que afectan a la dignidad de las personas. Hemos hablado de la reforma del Artículo 49 de la Constitución impulsada por el movimiento asociativo de la discapacidad para retirar el término “disminuido”; y ahora, hace unos días, el Congreso ha admitido a trámite una Proposición No de Ley (PNL), respaldada por 900 oenegés y 700.000 firmas de otros tantos ciudadanos españoles para regularizar hasta medio millón de personas extranjeras que viven en España -ya más de cinco años- prácticamente sin derechos. En paralelo, la ONCE sigue adelante, fortaleciendo su labor social, y pone negro sobre blanco algo que ya venía haciendo: extender su cobertura social a las personas ciegas residentes legalmente en España o con derecho de asilo.