El ministro Bolaños apuesta por desarrollar el artículo 49 de la Constitución con leyes en favor de la discapacidad

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, ha anunciado que los proyectos para reformar la Ley General de Discapacidad y la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia “saldrán a consulta pública” el mes de mayo. “Espero que en las primeras semanas ”, concretó.

Martín Blanco hizo el anuncio durante la jornada 'Los derechos de las personas con discapacidad’, que se celebró el 15 de abril en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Madrid, donde se analizó el impacto de la reforma del artículo 49 de la Constitución, que fue inaugurada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

En opinión de Martín Blanco, el “gran logro” que supuso modificar el texto constitucional para recoger una mejor protección de los derechos de las personas con discapacidad y eliminar el término ‘disminuido’ “no debe interpretarse como la meta, sino como un punto de partida de la igualdad transformadora que guía nuestras políticas”.

“Es un mandato que exige responsabilidad y vigencia”, afirmó, y "desde el Ministerio de Derechos Sociales trabajamos para positivarlo en la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social y en la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, mediante sendas reformas”.

De hecho, el director general confió en que ambos borradores “saldrán a consulta pública en breve, en las primeras semanas de mayo”. Durante este proceso, añadió, “vamos a escuchar de forma especial la voz de las mujeres y los menores con discapacidad”. De ahí también el compromiso del Gobierno con el Plan de Acción de Mujeres y Niñas con Discapacidad, "siempre desde un enfoque feminista”.

Accesibilidad y apoyos

En cuanto a las reformas legales anunciadas, explicó que se trata de que ambas normas recojan de forma adecuada la obligación de los poderes públicos de “impulsar las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles”. “Sin accesibilidad no hay acceso a otros derechos y, por eso, la justicia ha de protegerla” y las administraciones, garantizarla, insistió.

Otras normativas que, a su juicio, deben adaptarse al nuevo artículo 49 son la Ley de la Propiedad Horizontal y la futura Estrategia Nacional de Desinstitucionalización. En este sentido, expresó su confianza en que, ”tal como ha dicho el presidente Sánchez, esta sea la legislatura de la vivienda”, de modo que “podamos ver en ella la tan demandada reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para que 100.000 personas mayores y con discapacidad dejen de vivir encerradas en sus propias casas por falta de accesibilidad”. “Si la accesibilidad universal es un derecho hay que empezar por el entorno más inmediato de la persona: su vivienda”, recalcó.

Efecto cascada

Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, apuntó que la modificación del artículo 49 de la Constitución no fue “una reforma neutra, sino un desencadenante de cambios que deben trasladarse a muchas otras leyes”. Por ello, aplaudió la iniciativa legislativa impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para acabar con el despido automático por incapacidad.

Se refirió también a los debates que ya se han puesto en marcha para reformar muchos estatutos de autonomía, en la misma línea que la Constitución. A su juicio, “hay muchos estatutos autonómicos que se han quedado desfasados, tanto en el aspecto terminológico como en el normativo”.

Se trata del segundo nivel de poder constitucional en España, por lo que reclamó que el espíritu de la reforma constitucional llegue también a las leyes autonómicas.

Pérez valoró el anuncio de modificación de la Ley General de Discapacidad y de la Ley de Dependencia, aunque señaló que, más adelante, convendría aprobar una legislación ‘ex novo’ acorde al nuevo artículo.

Urgió a reformar la Ley de Propiedad Horizontal y los ya citados estatutos de autonomía, porque el artículo 49 “debe tener un efecto cascada” que llegue a todos los ámbitos.

Bolaños apuesta por desarrollar más leyes en favor de la discapacidad

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró en la inauguración de este mismo encuentro que el nuevo artículo 49 de la Constitución debe desarrollarse con leyes en favor de las personas con discapacidad, que debe mejorar aspectos clave como la accesibilidad universal.

Respecto a la modificación del artículo 49, señaló que, además de eliminar el "lacerante" término “disminuidos”, incluye un “horizonte” en los derechos de las personas con discapacidad “hacia el que tenemos que avanzar los poderes públicos y los responsables políticos”.

Apuntó que este cambio en la Carta Magna debe conllevar ahora la aprobación de normas y leyes que permitan conseguir la “igualdad efectiva” en diversos ámbitos de la sociedad, incluida la Administración de Justicia.

Resaltó que el nuevo artículo 49 de la norma fundamental alude a una especial protección para mejores y mujeres con discapacidad, algo en lo que debe trabajarse. Además, remarcó que otro objetivo son los entornos “entornos universalmente accesibles”.

Asimismo, Bolaños se refirió a que el Real Decreto Ley 6/2023, que se convalidó el 10 de enero, incluye también mejoras en favor de las personas con discapacidad, como la figura del ‘facilitador’ y la posibilidad de declarar telemáticamente en procesos judiciales.