Así lo ha manifestado durante la Conferencia Europea “En disposición para afrontar el futuro: protegiendo los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad ante los grandes retos actuales”

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE y el Foro Europeo de la Discapacidad, (EDF en sus siglas en inglés European Disability Forum) han reclamado que lo social no se diluya en la Unión Europea y en sus estados, sino que se refuerce

Ante el retroceso en igualdad y en el ejercicio efectivo de derechos que se está experimentado en Europa, la representación de la discapacidad europea y española pide un replanteamiento de la agenda pública que garantice dimensión social y los derechos de las personas con discapacidad en la Unión Europea.

Así lo han manifestado ambas entidades durante la Conferencia Europea celebrada en Madrid, el pasado 8 de noviembre, bajo el título “En disposición para afrontar el futuro: protegiendo los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad ante los grandes retos actuales”.

La Conferencia Europea, conducida y moderada por la secretaria general del EDF, Ana Peláez Narváez, comenzó con 1 minuto de silencio en homenaje a las víctimas y damnificados por las inundaciones en el Levante y el Sur de España. Seguidamente, la apertura institucional contó con la participación del director general para el Mercado Interior del ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Antonio Rodríguez de Liévana; la presidenta de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Concepción Díaz Robledo; el vicepresidente del Grupo Social ONCE y vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán; el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; y el presidente del Foro Europeo de Discapacidad (EDF), Yannis Vardakastanis.

Antonio Rodríguez de Liévana repasó el acervo de la Unión Europea en materia de políticas de discapacidad y reconoció que todavía existen muchas personas con discapacidad en Europa que no tienen las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos. Por ello, Rodríguez considera “fundamental” seguir trabajando en la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. En este punto, pidió a las organizaciones de la discapacidad que mantengan su espíritu “reivindicativo” para conseguir avances en “equidad y justicia social”.

Por su parte, Alberto Durán alertó de que cualquier cambio en la programación de los Fondos Europeos pone en riesgo el planteamiento existente, y por ello, reflexionó sobre la necesidad de revisar las prioridades y dotarse de instrumentos, tanto racionales y emocionales, para impedir que se muevan en un sentido contrario. “Desde el EDF tenéis la capacidad para mover instrumentos y generar una fuerza de mayor contestación, tranquila y reflexiva, que haga ruido para impedir que estos cambios pasen por encima de nuestro colectivo”, aseveró.

La presidenta de la FCM, Concepción Díaz Robledo, tras realizar un repaso por los logros más recientes conseguidos por la discapacidad española en materia de mujeres y niñas, quiso alertar de que en Europa y en el mundo “vivimos una situación de retroceso en la consecución de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad”. “Tenemos nuevos retos de futuro, pero estamos en un momento en el que todos estos logros tenemos que preservarlos y no dar un paso atrás. Por eso, es fundamental abrir nuevas líneas de actuación”, aclamó.

Igualmente, Luis Cayo Pérez Bueno denunció que “lo social está deteriorado y no forma parte ya de esa columna esencial de la construcción europea de sus inicios” y lamentó con tristeza que “en la propuesta de organigrama de la Comisión Europea no aparece lo social por ningún lado”. “Lo social está carente, abandonado y corre graves riesgos. Las organizaciones de la discapacidad debemos ser los sujetos activos de la historia para defenderlo”, advirtió.

“Europa debe ser, y con urgencia, un mejor lugar para las personas con discapacidad”, sentenció y señaló que, para ello, es necesario “nutrir y orientar nuestras acciones para que sean lo más eficaces y productivas posibles”, afirmó el presidente del CERMI, y añadió que, si así se hace se conseguirán “mayores resultados, mayores cotas de inclusión, de derechos y de bienestar de las personas con discapacidad y sus familias”.

A continuación, Yannis Vardakastanis confesaba la necesidad de “mirar al futuro” y reconstruir la agenda social de la discapacidad porque “se está retrocediendo en igualdad de derechos y otras áreas de importancia vital”. Por ese motivo, el presidente del EDF abogó por defender los derechos de las personas con discapacidad y sus familias “con más fuerza que nunca, más alto que nunca, y más unidos que nunca”. En ese sentido, Vardakastanis anunció que desde el EDF van a proponer una resolución de emergencia instando a la Comisión Europa a volver a restablecer una Comisaría para la Igualdad. “Tenemos que conseguir que la igualdad siga siendo una prioridad al más alto nivel de la toma de decisiones en la Unión Europa”, declaró y, al mismo tiempo, puntualizó que “no descansaremos hasta que lo consigamos”.

Seguidamente, se dió paso a un panel sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad en las constituciones de los Estados miembros de la UE en el que han participado el secretario general del CERMI, Alberto Durán; la presidenta de CFHE de Francia, Bernadette Pilloy; la responsable de cooperación internacional de CNDR de Rumanía, Sorin Tata; y la coordinadora de Derechos Humanos del EDF, Marine Uldry. En este conversatorio, el CERMI presentó la primera reforma social de la Constitución Española, la referida a su artículo 59, que sitúa a España a la vanguardia del constitucionalismo social en Europa y en el mundo, y que debe ser guía y referente para otras naciones del continente.

Asimismo, en este espacio, se han presentado diferentes experiencias de organizaciones de personas con discapacidad en relación con las constituciones de sus Estados. Todos ellos han coincidido en la importancia de “utilizar” la Convención de los Derechos Humanos como bandera y, por otro lado, servirse de la fuerza del activismo para proteger, garantizar y luchar por los derechos de las personas con discapacidad.

Tras un breve descanso, se desarrolló el segundo panel enfocado en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en las políticas climáticas. En este espacio, Nadia Hadad, miembro del Comité ejecutivo de EDF, y el director de asuntos institucionales y sostenibilidad del Grupo Social ONCE, Fernando Riaño, mantuvieron una conversación para hablar de los esfuerzos realizados por el movimiento de la discapacidad para garantizar que no haya nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad en la agenda política verde. En este diálogo se puso de relieve que la emergencia climática obliga a los gobiernos de todo el mundo a adoptar políticas de sostenibilidad que no siempre tienen en cuenta la situación específica de las personas con discapacidad, a pesar de que este grupo social se encuentre entre los más afectados por el cambio climático.

Al respecto, Riaño mencionó que “la transición verde tiene que ser justa e inclusiva y deben tener en cuenta a las personas con discapacidad” y añadió que “tenemos una barrera en términos de transición verde conectada con nuestra agenda. El Green Deal no será verde, si no es accesible o incluye a las personas con discapacidad”.

Por último, se dio paso a una mesa, moderada por el vicepresidente de Mental Health Europe, Kristijan Grdjan, en la que se analizaron fórmulas para proteger la salud y el bienestar mental de las personas con discapacidad. En este panel participaron el vicepresidente de Salud Mental España, Basilio García Copín; la vicepresidenta de la Red Europea de Usuarios y Supervivientes de Psiquiatría, Guadalupe Morales; y el miembro del Comité de Juventud del EDF y de la Red Europea de vida independiente, Nina Portolan.

En este diálogo se pusieron de relieve los datos que ofrece la encuesta del Eurobarómetro en 2023, que mostraba que el 46 % de los europeos sufría algún problema emocional o psicosocial, y solo una de cada dos personas buscaba ayuda profesional. Además, los ponentes en esta mesa coincidían en que, en el caso de las personas con discapacidad, la soledad, la discriminación y otros factores sociales pueden contribuir a una peor salud mental y a un mayor diagnóstico de enfermedades mentales. Por ese motivo, se insistió en la importancia de crear sistemas de atención de “calidad” que contemplen la proyección social del individuo y utilice como herramienta de transformación “el Estado de bienestar”.

Asimismo, evidenciaron que las personas con discapacidad, y en particular, las personas con discapacidad psicosocial “siguen enfrentándose a situaciones que dan lugar a violaciones de los derechos humanos”. Ante esta situación, propusieron mejorar las condiciones de conciencia y la imagen del colectivo para llegar a ese proyecto de vida independiente.