La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aprobó el 22 de diciembre la concesión de ayudas del “Programa Reina Letizia para la Inclusión”, para mejorar las condiciones educativas y profesionales de personas con discapacidad. Publicada ya en el BOE (0,26 MB), la orden recoge los requisitos exigidos a los beneficiarios, el contenido de las convocatorias, las ayudas diseñadas y su método de tramitación.

Este programa, como ya explicó Dolors Montserrat en su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso, es un ejemplo del compromiso del Gobierno con las personas con discapacidad, para que tengan las mismas oportunidades y, por supuesto, disfruten de igualdad en derechos.

El Fondo será financiado por las “cuentas durmientes”, aquellos saldos y depósitos abandonados por más de 20 años en entidades financieras, e irá dirigido a la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad y a que su inclusión general en nuestra sociedad sea real, plena y efectiva.

Asegurar la educación y la formación

El programa supone un especial compromiso de España con lo establecido por la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la que se reconoce que los Estados adheridos (como es el caso de España) deben asegurar el acceso a la educación superior, la formación profesional y el aprendizaje sin discriminación y en igualdad.

Así, el objetivo principal de estas ayudas es garantizar la movilidad en nuestro ámbito nacional haciendo efectivo el derecho a la formación en igualdad de oportunidades y para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida y en igualdad de condiciones.

Para que esto se pueda llevar a cabo, el “Programa Reina Letizia para la Inclusión” promueve una serie de acciones como son el desarrollo de productos de apoyo, la asistencia técnica y la provisión de personal de apoyo a la formación, el fomento de los estudios universitarios favoreciendo la movilidad nacional e internacional, así como el fomento de una adecuada cualificación para el emprendimiento.

En la tramitación de esta orden ha sido consultado el Consejo Nacional de la Discapacidad, órgano consultivo interministerial a través del que las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias, participan en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas que se desarrollan en el ámbito de la discapacidad.

En opinión del CERMI, la dedicación de recursos de nuevo cuño, que se añaden a los ya existentes con carácter general, destinados a mejorar las condiciones formativas y profesionales de personas con discapacidad “constituye un avance reseñable por cuanto permitirá que más personas con discapacidad alcancen altos niveles de cualificación". Circunstancia que -estima esta plataforma representativa de las organizaciones de la discapacidad en nuestro país- mejorará sus perspectivas de empleabilidad y reforzará su carrera profesional. Por ello, el Comité reconoce y agradece el “impulso decisivo” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la redacción y adopción de esta norma, “dando así satisfacción a una demanda sostenida del movimiento social de la discapacidad”.