La reforma de la Ley Electoral por el Congreso, que se espera culmine su andadura este mismo mes de junio, contempla la Proposición de Ley planteada por la Asamblea autonómica de Madrid para la eliminación de restricciones al derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, un colectivo que asciende a unos 100.000 ahora nuevos electores en nuestro país. Su aprobación implicará que ejerzan ya este derecho democrático en la próxima cita electoral, prevista para 2019 con comicios locales y autonómicos.

Se da con ello respuesta a una histórica reivindicación de las organizaciones de personas con discapacidad, encabezadas por el CERMI, impidiendo que determinadas sentencias judiciales permitan incapacitar -como ha ocurrido en el pasado con estas decenas de miles de nuestros compatriotas- de cara a su participación en los procesos electorales. En la práctica, nadie podrá ser privado de su derecho al voto por razón de discapacidad.

Una reivindicación del sector que tenía ya un largo recorrido, y que en esta última década (desde su ratificación por España en 2008) se apoyaba en la letra de la propia Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, cuyo artículo 29 contempla la plena participación de estas personas en la vida política. Con ese fundamento, el año pasado la Asamblea de Madrid aprobó y remitió al Congreso esta Proposición de Ley que plantea la modificación del artículo 3 de la Ley de Régimen Electoral General, eliminando los apartados relativos a restricciones al derecho al voto y en concreto el que afectaba a “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”. También se solicita derogar el que afecta a “los internados en hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el periodo que dure su internamiento, siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”.

Durante su tramitación en la Cámara Baja, el Grupo presentó una enmienda a la Proposición, que plantea la distinción entre el derecho de sufragio activo (ejercer el derecho de voto) y pasivo (poder ser elegido), proponiendo que, en el primer caso, “su restricción a las personas con discapacidad debe reducirse a casos muy excepcionales, porque se vincula exclusivamente a la ausencia de capacidad de conocimiento de la persona discapacitada, respecto al hecho de votar”; mientras respecto al sufragio pasivo proponen que se vincule “a la capacidad de discernir y a la plena capacidad jurídica y de obrar”. El diputado Ignacio Tremiño, portavoz popular en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, afirma al respecto que, con ello, pretender “garantizar el derecho al voto y que su libertad no pueda ser manipulada”. Pero tanto PSOE como Ciudadanos -en línea con la reivindicación del CERMI- señalan que ello plantea de nuevo “cortapisas” para los afectados.

Según recoge el diario ABC, para Ruiz i Carbonell, del Grupo Socialista, la enmienda del PP supone una vuelta atrás que no apoyará el PSOE porque implicaría que estas personas “pasen por una especie de control previo”. Y Marcial Gómez (Ciudadanos) señala que “meternos en matices es entrar en un jardín difícil de salir. Nosotros estamos por mantener el texto original y el PP se va a quedar solo...”.

También ha expresado su malestar el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, al estimar que la enmienda “mantiene restricciones al derecho de sufragio activo”, afectando -afirma- “a unas cinco o seis mil de las 100.000 personas de las favorecidas por la reforma”, al mantener un grado, aunque sea minoritario, de medición del discernimiento, “e introducir un elemento, que es privar de derecho de sufragio pasivo a personas con esas discapacidades”.

En todo caso, unos y otros coinciden en que la reforma saldrá adelante, pues su aprobación está prácticamente garantizada en el Pleno, al que pasará el texto previsiblemente a lo largo de este mes de junio.