Días más tarde de reunirse con el ministro Guirao, el CERMI presentó una queja ante el Defensor del Pueblo denunciando la inacción del Gobierno al no regular el etiquetado braille de los productos de consumo masivo, como han hecho otros países europeos. Esta ausencia normativa deja desprotegidos a los consumidores y usuarios con discapacidad visual que conocen y usan el código de lectoescritura braille para acceder a la comunicación escrita, resintiéndose gravemente el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses.

El CERMI pide al Defensor del Pueblo que, tras acreditar esta vulneración de derechos de las personas con discapacidad visual, inste al Gobierno a través del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a aprobar unas condiciones básicas en las normativas sobre etiquetado braille de productos de consumo masivo, así como de productos potencialmente peligrosos para los usuarios. En España, gracias a una Directiva europea sobre envases de medicamentos, sólo existe obligación de etiquetado braille para este tipo de productos, pero no para los de consumo extenso y generalizado que se distribuyen en el comercio minorista en general.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados parte, entre ellos España, a dotar de accesibilidad a través del uso del braille, mandato que nuestro país incumple.