En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Fundación CERMI Mujeres (FCM), junto al CERMI Estatal, exigió acabar con la enorme discriminación que sufren las mujeres con discapacidad en el acceso al mercado laboral, lo que las aboca a una situación de empobrecimiento y precariedad que cercena todas las posibilidades de desarrollo de un proyecto de vida propio y de una plena participación en comunidad. Este fue el tema que centró este año el Manifiesto (0,18 MB) de ambas entidades durante la jornada del 8 de marzo, y que ha elaborado en lengua de signos, pictogramas, lectura fácil y braille, con el fin de garantizar la accesibilidad de sus reivindicaciones para todas las personas con discapacidad.

CERMI Mujeres recuerda que el derecho al trabajo de todas las personas con discapacidad está consagrado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, el mandato de garantizar el acceso al empleo de toda la ciudadanía está establecido en la Convención de la ONU para la Eliminación de todas las Formas de Violencia contra la Mujer (CEDAW) y en la Constitución Española, así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Pese a estos compromisos, “las mujeres con discapacidad seguimos siendo una parte de la población más pobre y excluida debido a la falta de formación profesional competitiva, la brecha digital de género, la alta tasa de inactividad laboral, la falta de acceso al mercado de trabajo, el desarrollo de actividades no mercantilizadas, las diferencias de sueldo existentes entre hombres y mujeres, los obstáculos creados por la ausencia de conciliación de la vida familiar y laboral, la mayor esperanza de vida de las mujeres y, en general, las distintas formas de discriminación por razón de género y discapacidad”, expone el manifiesto.

La FCM destaca que la tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad en España asciende al 64,8%, una cifra superior a la de los hombres con discapacidad y mucho peor que la de la población sin discapacidad. Esta situación hace que muchas mujeres con discapacidad en edad laboral no sólo no tengan trabajo, sino que ni siquiera estén en el proceso de búsqueda.

Mayor precariedad

Además, cuando las mujeres con discapacidad consiguen acceder al mercado laboral, lo hacen en general en unas condiciones de mayor precariedad, con más contratos a tiempo parcial y con una remuneración inferior. Y es que, según el Observatorio sobre empleo de personas con discapacidad ODISMET de 2018, el salario medio bruto anual de las mujeres con discapacidad es de 17.365 euros, frente al de los hombres con discapacidad que es de 20.614,2 euros. La brecha salarial se agrava si se comparan los datos con la remuneración de la población sin discapacidad (25.924,43 euros los hombres y 20.131,41 euros las mujeres).

Para revertir esta situación, la Fundación CERMI Mujeres urge a las Administraciones a impulsar políticas de activación sociolaboral de las mujeres con discapacidad que incidan en su formación y empoderamiento, como fase previa para alcanzar la plena participación en el empleo y la sociedad. Estas políticas deben ir dirigidas prioritariamente a las que se enfrentan a mayores obstáculos a la hora de encontrar trabajo, especialmente las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como las del entorno rural o con pluridiscapacidades, articulándose los apoyos en el empleo que, en cada caso, sean necesarios.

Garantizar un entorno laboral seguro para todas las personas, pero muy especialmente para las mujeres con discapacidad, libre de violencia y acoso; exigir a las empresas que cumplan la cuota de reserva de puestos para personas con discapacidad; impedir que las mujeres con discapacidad se queden fuera del proceso de transformación digital que afecta al mercado laboral; y superar la segregación horizontal (las dificultades a la hora de acceder a determinadas profesiones) y vertical (barreras para poder desarrollarse profesionalmente) son otras reivindicaciones planteadas por CERMI Mujeres este año 2019.

Asimismo, hacen un llamamiento para impulsar políticas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia que, en el marco de una política de cuidados concebida desde un enfoque de derechos humanos, tenga en consideración la realidad de las mujeres con discapacidad, no solamente como receptoras de cuidado, sino también como proveedoras del mismo, hecho que suele ignorarse de manera sistemática. En tal sentido, es preciso dar visibilidad y contabilizar todas las contribuciones no monetarizadas que las mujeres con discapacidad realizan y que son esenciales para que el sistema económico, tal cual está concebido en la actualidad, siga funcionando. La riqueza de un país no solamente se produce en el ‘mercado’, sino que también existen otras esferas de generación de servicios tradicionalmente ignoradas cuya responsabilidad sigue recayendo en las mujeres.

Por todo ello, la FCM secundó la jornada de huelga del  8 de marzo y participó en la manifestación organizada por el movimiento feminista para denunciar las desigualdades que siguen sufriendo las mujeres en muchos ámbitos de la vida.