El presidente del Grupo Social ONCE aporta la mirada de la Economía Social y la Discapacidad ante la Comisión para la Reconstrucción del país en el Congreso de los Diputados

Con una reivindicación del “sentido común (0,24 MB) frente a la incertidumbre de la sociedad civil”, así como de la necesidad de  interpretar la profunda crisis derivada de la pandemia como una “cura de humildad” para todos, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, intervino, el 2 de junio, en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que celebraba su 6ª sesión en el Congreso de los Diputados.

Carballeda reclamó, tras la pandemia, un gran pacto de unidad para reconstruir el país entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, basada, exigió, en el empleo: “peleemos por alcanzar los 20 millones de personas trabajando; eso será lo mejor, y no hablaremos entonces de paro”, insistió (0,63 MB).

Su presidente, Luis Cayo Pérez, exige que "se rescate" al sector en el Congreso de los Diputados

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, acudió también, como el de la ONCE, ante esa Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados, dentro del grupo de trabajo de políticas sociales y sistema de cuidados. En su intervención, el 5 de junio, Pérez solicitó la “creación inmediata de un fondo de rescate de emergencia” para el sector social de la discapacidad, bajo el argumento de que “la devastación de la pandemia ha sido intensa y extensa en nuestro grupo de población y en sus estructuras y redes de apoyo, siempre precarias, y ahora ya exhaustas”.

Estimó en concreto en 225 millones de euros el fondo de rescate que precisa el ámbito de la discapacidad para hacer frente a los efectos de la covid-19 que, a su juicio, debe enmarcarse en otro más amplio de 1.000 millones para todo el Tercer Sector de acción social.

La falta de coordinación entre las distintas Administraciones comienza a derivar problemas a determinadas personas con discapacidad y sus familias. Por ejemplo, las de menores con sordera, que denuncian las pegas administrativas para gestionar las renovaciones del certificado de discapacidad, que ha llegado a traducirse en notificaciones de extinción de la prestación por hijo con discapacidad a cargo de la Seguridad Social, con lo que han visto suspendido el abono anticipado de la deducción del IRPF por descendiente con discapacidad.

Por ello, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) recuerda que la suspensión de plazos administrativos decretada durante el estado de alarma implica el mantenimiento de la vigencia del certificado de discapacidad en base a la suspensión de plazos administrativos y de plazos de caducidad establecida  por el  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la coid-19.

El vallisoletano Fran Sardón, ha sido reelegido como presidente de la Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (PREDIF), cuya Asamblea General ha abierto un nuevo mandato de continuidad en pro de la inclusión a través de la defensa de derechos, la asistencia personal y la accesibilidad universal de dichos colectivos en nuestro país. Como estrategia cooperativa, PREDIF ha reafirmado su alianza  con el movimiento de la discapacidad y muy específicamente con el CERMI y la Fundación ONCE, reforzada en el desarrollo de la presente crisis del covid-19, y que ahora la entidad quiere materializar promoviendo y apoyando la campaña de retorno comercial de los productos de juego de la ONCE.

CERMI y FEDER avisan de posibles efectos demoledores si no se mantiene esta prestación a progenitores que hayan visto su relación laboral interrumpida como consecuencia de la pandemia

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se prolonguen, “más allá del estado de alarma, las medidas especiales sobre la prestación de menores con cáncer u otra enfermedad grave” para que el progenitor que la percibe no pierda este apoyo si sigue inactivo laboralmente como consecuencia de un despido o  expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

En una misiva dirigida al secretario de Estado de Seguridad Social, la plataforma representativa de la discapacidad en España destaca que, durante el estado de alarma, de forma excepcional, se viene manteniendo esta ayuda aunque la relación laboral del progenitor beneficiario hubiera sido suspendida como consecuencia de un ERTE.