Su presidente, Luis Cayo Pérez, exige que "se rescate" al sector en el Congreso de los Diputados

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, acudió también, como el de la ONCE, ante esa Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados, dentro del grupo de trabajo de políticas sociales y sistema de cuidados. En su intervención, el 5 de junio, Pérez solicitó la “creación inmediata de un fondo de rescate de emergencia” para el sector social de la discapacidad, bajo el argumento de que “la devastación de la pandemia ha sido intensa y extensa en nuestro grupo de población y en sus estructuras y redes de apoyo, siempre precarias, y ahora ya exhaustas”.

Estimó en concreto en 225 millones de euros el fondo de rescate que precisa el ámbito de la discapacidad para hacer frente a los efectos de la covid-19 que, a su juicio, debe enmarcarse en otro más amplio de 1.000 millones para todo el Tercer Sector de acción social.

En la misma línea el presidente del CERMI reclamó, a medio plazo, un marco de financiación del Tercer Sector que le otorgue estabilidad y le permita abandonar “la agonía perpetua” en la que vive, para lo que llamó a los parlamentarios a “poner las luces largas” y a usar como marco la Ley del Tercer Sector aprobada en 2015.

Luis Cayo Pérez había iniciado su intervención con un recuerdo “sentido y dolido” a las personas que han perdido la vida por la pandemia y a las que se han visto damnificadas por una crisis sanitaria que ha castigado “en proporción desorbitada” a las personas con discapacidad, al igual que a las personas mayores, y “no sólo por factores de salud, sino sociales, políticos, económicos y legales que nos colocan en posiciones de fragilidad extrema”, dijo. Precisamente, al ser las personas mayores el colectivo más afectado por la pandemia, solicitó que el movimiento asociativo de mayores sea llamado a intervenir en esta Comisión, porque “nos lo debemos como país”, afirmó.

Reprobó igualmente las situaciones de discriminación que se han producido hacia personas con discapacidad y mayores en los peores momentos de la pandemia a la hora de tener que decidir quién recibía o no un determinado tratamiento médico. Así, aun reconociendo “los momentos de colapso del sistema”, ha advertido de que no se puede dar “menor valor” a determinadas vidas, y “contra eso nos rebelamos”.

Derechos e inclusión

En la enumeración de propuestas del sector de la discapacidad, Pérez Bueno urgió a elevar a categoría de "fundamentales" los derechos sociales en la Constitución y en los Estatutos de autonomía; a aprobar un nuevo marco legal de inclusión laboral para elevar la tasa de actividad de las personas con discapacidad al 50% en cinco años, con especial atención a las mujeres con discapacidad; y a reforzar la apuesta por la asistencia personal y por fórmulas que permitan la vida en comunidad, con los apoyos necesarios. En esta línea, pidió soluciones habitacionales diferentes, dado que se ha demostrado la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad que viven en entornos colectivos tradicionales.

Asimismo, exigió en su intervención mejorar en todos los ámbitos la accesibilidad universal (cognitiva, física y sensorial) para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de los entornos, bienes y servicios en igualdad de condiciones. Y puso en valor el papel de las nuevas tecnologías para la inclusión de las personas con discapacidad, como se ha demostrado durante la pandemia, lamentando que todavía existan importantes carencias para que puedan ser utilizadas con rango universal, lo que incrementa la brecha digital que padecen las personas con discapacidad.

Ingreso Mínimo Vital

Respecto del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el representante del CERMI estimó su aprobación como “un hito histórico” que contribuirá a la “mejora colectiva” de la sociedad, aunque instó a que sea tramitado como proyecto de Ley para que se puedan introducir mejoras que le otorguen una “mayor sensibilidad” hacia las personas con discapacidad, dada su situación objetiva de especial vulnerabilidad. También propuso mejorar el trato fiscal en materia de discapacidad y reforzar la herramienta de la contratación del sector público para promover la iniciativa social.

En el turno de intervenciones de portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, abordó a preguntas de las diferentes formaciones políticas cuestiones de importante calado, como la necesidad de terminar con los problemas de accesibilidad existentes; la importancia de dotar de suficiente financiación al Tercer Sector de acción social para que pueda desarrollar su labor; o la necesidad de reforzar el Sistema de Asistencia Personal y Atención a la Dependencia.