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POLÍTICA SOCIAL

Las víctimas con discapacidad de la COVID-19 ya cuentan con una escultura en Madrid que les rinde homenaje

Luis Cayo Pérez frente al monumento de Juan TorreLa obra escultórica es obra del artista con discapacidad visual Juan Torre

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMIAbre Web externa en ventana nueva) ha rendido homenaje a todas las personas con discapacidad víctimas de la COVID-19 con la instalación de una obra escultórica del artista con discapacidad visual, Juan Torre.

El proyecto memorial, promovido por CERMI en colaboración con la Fundación del Lesionado Medular (FLMAbre Web externa en ventana nueva) de Madrid, quiere recordar que las personas con discapacidad, junto con las personas mayores, sufrieron de una manera más intensa los efectos devastadores de la pandemia.

La ceremonia de instalación ha tenido en la sede de la entidad social Fundación del Lesionado Medular (FLM), en el Distrito de Puente de Vallecas, en Madrid. En el acto de recepción entregó a las personas asistentes  una flor fresca que después depositaron al pie de la escultura como muestra de respeto y memoria.

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Se produce el refuerzo legal al uso obligatorio de la expresión “personas con discapacidad” por parte de los poderes, administraciones y autoridades públicas

Primer plano de persona en silla de ruedasLa Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, publicada el 1 de marzo en el Boletín Oficial del Estado y ya en vigor, y que modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social de 2013, refuerza el empleo obligatorio de la expresión “personas con discapacidad” por parte de los poderes, administraciones y autoridades públicas.

Según informó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), a través de un cambio operado en la redacción del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, se establece que “las disposiciones normativas de los poderes y las administraciones públicas, las resoluciones, actos, comunicaciones y manifestaciones de estas, cundo actúen en calidad de tales, utilizarán los términos ‘persona con discapacidad’ o ‘personas con discapacidad’ para denominarlas”.

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España aprueba en el 2022 más de 250 normas vinculadas a la extensión de derechos de las personas con discapacidad, según el Gobierno

Portada del InformeEl Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha publicado una nueva edición del Informe Olivenza 2022, un estudio que, con periodicidad anual, ofrece un panorama actualizado de la discapacidad en España.

En esta edición se abordan aspectos relacionados con las novedades normativas aprobadas en España en el ámbito de la discapacidad en el periodo que comprende el informe. Se incluye la normativa aprobada tanto a nivel estatal como autonómico, destacando un total de 254 normas, 34 estatales y 220 autonómicas, que regulan aspectos relevantes para las personas con discapacidad. Las comunidades autónomas que más legislación han generado en relación con la discapacidad han sido la Comunidad Foral de Navarra y Galicia, ambas con más de una veintena de normas.

Asimismo, se analizan los avances que se han llevado a cabo desde mayo de 2019 para cumplir con las recomendaciones que hizo a España el Comité de Derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Al respecto, en el documento se señalan como preocupaciones principales, entre otras, la discriminación múltiple por motivos de discapacidad; la violencia que se ejerce contra las personas con discapacidad, en concreto, la violencia de género; la institucionalización; la falta de accesibilidad; las carencias en educación inclusiva; las bajas tasas de empleo de las personas con discapacidad; la limitación de los servicios de salud y la falta de formación de los profesionales en todos los ámbitos de la administración pública.

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En vigor la asimilación entre incapacidad permanente de Seguridad Social y grado de discapacidad del 33% a efectos laborales

Mujer en silla de ruedas en su puesto de trabajoLa asimilación legal ente situaciones de incapacidad permanente de Seguridad Social y grado mínimo de discapacidad del 33 por 100 a efectos laborales, está vigente desde el  2 de marzo, tras la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, que restaura esta equiparación.

Se recupera así, gracias a la acción de propuesta e incidencia políticas y legislativas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), una asimilación legal aprobada en el año 2003 pero que por una serie de sentencias del Tribunal Supremo de 2018, por motivos técnicos, desapareció del ordenamiento jurídico en ese año.

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