Un 5,9% de la población nacional (1.840.700 personas) son españoles con algún tipo de discapacidad y en edad de trabajar, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años. Un colectivo que ha mejorado sensiblemente en los últimos años en materia de incorporación al mercado de trabajo, pero entre quienes la tasa de desempleo es aún mucho más alta que entre la población general: del 28,6% frente al 19,5.

Un problema derivado de la discriminación que implica la falta de adaptación de centros y puestos de trabajo, carencias de accesibilidad al entorno laboral, etc. Especialmente grave es la situación de los jóvenes con discapacidad de 16 a 24 años que buscan empleo, unas 89.400 personas que representan el 4,9% de la población activa en España y cuya tasa de paro es se situaba en 2016 en el 60,6%, 32 puntos más que la del colectivo de jóvenes sin discapacidad (28,6%).

A partir de estos datos del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (Odismet), una plataforma que impulsa la Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha propuesto una serie de medidas al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que trascienden la habitual reclamación del cumplimiento de la reserva del 2% de los puestos de las plantillas en las empresas de 50 o más trabajadores para personas con discapacidad. Así, solicitan que se haga cumplir también a las empresas la obligación de adaptar los puestos de trabajo y el entorno laboral, en función de las necesidades de cada situación. También reivindican que se aplique el enfoque de género y discapacidad en todas las actuaciones en torno a políticas de género que impulse la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, valorando la mayor vulnerabilidad de las trabajadoras con discapacidad, que deben gozar de un grado reforzado de protección de sus derechos.

Igualmente reclaman que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social informe a los responsables de contratación de todas las Administraciones Públicas de los posibles incumplimientos en materia de reserva legal de empleo para estos colectivos de las  empresas que acudan a licitaciones públicas de contratos de productos, bienes y servicios, para que -tal como establece la ley de Contratos del Sector Público- se las elimine si no cumplen con este requisito.