Durante la Asamblea electoral celebrada en la sede de Fundación ONCE

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, Pablo Iglesias, se comprometió, el pasado 4 de febrero, a respaldar el trabajo de las entidades sociales porque, a su juicio, es una obligación del Ejecutivo para lograr que España sea un país más justo y democrático. Así lo aseguró Iglesias durante la Asamblea del Tercer Sector, que se celebró en la sede de Fundación ONCE, y en la que se reeligió a Luciano Poyato como presidente para los próximos cuatro años.

Durante su intervención, Poyato pidió  al vicepresidente reanudar la interlocución, algo “obligado” -dijo- después de una etapa delicada con un Gobierno en funciones. A su vez, reclamó transversalidad para abordar los temas sociales, al tiempo que le ofrecía al Gobierno diálogo y capacidad propositiva para solucionar los problemas reales de la ciudadanía.

El volumen de intervenciones directas realizadas por las entidades del Tercer Sector de Acción Social en España fue de 42,8 millones en el año 2018, un cifra que se aproxima a la de 2008 (42,1) en el comienzo de la crisis, según ha informado la Plataforma de ONG de Acción Social.  Así lo pone de manifiesto el estudio 'El Tercer Sector de Acción Social en España 2019: Nuevos horizontes para un nuevo contexto sociopolítico', presentado el pasado 31 de enero por la plataforma.

La Mesa de las Cortes ha acordado conceder la Medalla de Oro del Parlamento de Castilla y León en 2020 al Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (CERMI Castilla y León), galardón que recogerá el 25 de febrero con motivo de la celebración del XXXVII Aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Según informa el Parlamento autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press, con la entrega de esta alta distinción las Cortes quieren mostrar el "reconocimiento" y el "honor" que sienten por el trabajo que realiza esta asociación para avanzar en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y para alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y de oportunidades con el resto de los componentes de la sociedad de Castilla y León.