Con el objetivo de dar voz a las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad las principales entidades representativas de este colectivo lanzaron sus respectivos manifiestos, el pasado 8 de marzo, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), a través de su Fundación Cermi Mujeres (FCM), denunció los obstáculos que tienen las mujeres con discapacidad para tomar decisiones de manera plena, libre, igualitaria e inclusiva. Y así lo expresó en su manifiesto feminista titulado ‘Yo Decido’ (0,08 MB). Todas las demandas del Manifiesto tienen como objetivo “respetar el derecho a decidir de las mujeres con discapacidad, así como su voluntad y preferencias”

Por su parte, la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS), también lanzó el 8M su Manifiesto bajo el título ‘Todos los derechos. Todas las mujeres’ (0,16 MB), en el que exigen o reivindican el cumplimiento de sus derechos fundamentales en el acceso a la cultura, al empleo, igualdad salarial, etc.

Por último, la Plataforma del Tercer Sector (PTS) realizó una declaración en la que hizo un llamamiento a todas las instituciones y a la ciudadanía en su conjunto para lograr una sociedad donde las mujeres y las niñas puedan vivir de forma completamente libre y en la que se ponga fin a todas las formas de discriminación y violencia contra todas las mujeres y las niñas.

En su manifiesto, la PTS destaca el papel de las mujeres y las niñas como motores de cambio y transformación social y reclama que se asegure y garantice la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política, económica y pública.

Justicia e Igualdad

Un día antes, el 7 de marzo, la Fundación CERMI Mujeres participó en la V Jornada de Justicia e Igualdad organizada por el Ministerio de Justicia en la que se analizaron los principales problemas que siguen encontrando las y los menores de edad, así como a las personas con discapacidad a la hora de acceder a la justicia.

La ponencia de Isabel Caballero, coordinadora de esta Fundación, se centró en señalar las dificultades a las que se enfrentan las mujeres a la hora de accionar sus derechos, poniendo el foco en aquellas que son víctimas de violencia machista. “Un 10% de las mujeres con discapacidad que mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas son mujeres con una discapacidad acreditada, sin embargo, poco o nada se nada acerca del número de denuncias que estas mujeres presentan o cuántas de estas denuncias acaban siendo finalmente retiradas” y ha añadió que “más allá de las barreras en el entorno construido en el ámbito judicial, existen números prejuicios e ideas preconcebidas que siguen siendo manejadas por buena parte de los operadores jurídicos acerca de las mujeres con discapacidad y que deben ser desterrados”.

Asimismo, se abordó el problema de la falta de crédito de los testimonios de las mujeres con discapacidad que denuncian, especialmente cuando presentan una discapacidad intelectual o psicosocial.

“El estigma que sigue existiendo en nuestra sociedad en relación con este tipo de discapacidades hace que los testimonios de estas mujeres no siempre sean creíbles y por lo tanto tomados en consideración. Si a esto se suma el hecho de que de que una gran mayoría de los casos estas mujeres son víctimas de discriminación y violencia ejercida por personas que están en su entorno más cercano que pueden ser sus parejas, exparejas progenitores o personas conocidas, puede llegar a entenderse las dificultades añadidas que tienen que enfrentar para denunciar” aseguró Caballero.

También denunció la falta de accesibilidad de la información y reivindicó acciones formativas dirigidas a profesionales de la abogacía, miembros de la fiscalía y judicatura acerca de la realidad de las mujeres con discapacidad.

“Es necesario establecer protocolos de atención, y desarrollar la figura de la persona facilitadora regulada en la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica” indicó Caballero. En este sentido, la mesa discutió acerca de su conexión con otra figura contemplada en el Pacto de Estado contra la Violencia, que sirva de acompañamiento a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista en su itinerario de denuncia con el objetivo de evitar la victimización secundaria.

Otra de las cuestiones abordadas fue la validez de las pruebas preconstituidas, sobre lo que la Fundación CERMI Mujeres mostró su preocupación por la falta de especialistas que permitan preconstituir pruebas cuando la mujer con discapacidad denunciante carece de oralidad. “En 2018 la Audiencia provincial de Sevilla dio validez probatoria a los dibujos de una niña con trastorno del espectro del autismo (TEA) en un juicio por abusos sexuales” apostilló Caballero.

JORNADA SOBRE JUSTICIA E IGUALDAD